El Gobierno de Javier Milei ha decidido anular la cesión de más de 25,000 hectáreas en Mendoza que habían sido otorgadas a comunidades mapuches durante la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esta medida fue oficializada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el 6 de febrero de 2025. La decisión se tomó en respuesta a un pedido de nulidad presentado por la provincia, que argumentó irregularidades en el proceso y la falta de consulta previa.
Los terrenos en cuestión están ubicados en los departamentos de San Rafael y Malargüe, y tienen un alto potencial para el desarrollo minero. La cesión de estas tierras se realizó en enero de 2023, lo que generó un fuerte rechazo por parte del gobierno mendocino, que incluso recurrió a la Corte Suprema para revertir la decisión. Las resoluciones actuales, firmadas por el titular del INAI, Claudio Avruj, anulan el reconocimiento de ocupación de las comunidades Lof El Sosneado y Suyai Leufu.
La provincia de Mendoza argumentó que la cesión violaba su autonomía, los derechos de propiedad privada y la Ley Nacional 26.160, que exige la consulta a los gobiernos provinciales en estos casos. Desde el Ejecutivo mendocino señalaron que “se habían vulnerado derechos provinciales” y que el reconocimiento de estas ocupaciones se realizó de manera unilateral, sin la consulta previa necesaria.
Reacciones del gobierno provincial
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, celebró la anulación de la cesión y denunció que en 2023 “intentaron imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado”. Casado también destacó el compromiso del titular del INAI, Claudio Avruj, cuya gestión permitió la anulación de estas resoluciones. La vicegobernadora remarcó que esta medida “reafirma principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial”.
Además, advirtió que no permitirán decisiones arbitrarias que carezcan de sustento legal. La cesión de estas tierras en 2023 fue realizada bajo la firma del entonces presidente del INAI, Alejandro Marmoni, sin la intervención del gobierno de Mendoza. Esta decisión se justificó en el artículo 18 del Código Civil y Comercial, que reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la posesión y propiedad de las tierras que ocupan tradicionalmente.
Reclamaciones y falta de pruebas
Como resultado de la cesión, la comunidad Lof Limay Kurref recibió 4,477 hectáreas, la Lof Suyai Leufu obtuvo unas 3,584 m² y la Lof El Sosneado recibió 21,370 hectáreas. Sin embargo, la provincia argumentó que no existían pruebas suficientes para acreditar la ancestralidad de las comunidades en esos territorios y cuestionó la falta de consulta previa.
Con esta decisión, el gobierno de Milei establece que cualquier cesión de tierras deberá contar con la participación del gobierno provincial correspondiente. Esta medida se da en un contexto donde se han registrado incendios intencionales atribuidos a grupos radicalizados.
Revisión de casos similares
Desde el INAI aseguraron que revisarán otros casos similares y trabajarán en un marco normativo que garantice seguridad jurídica tanto para las comunidades indígenas como para las provincias y los propietarios afectados. Esta revisión es parte de un esfuerzo más amplio para abordar las tensiones entre los derechos de las comunidades indígenas y los intereses provinciales y privados.
