Los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidieron no declarar ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados. Esto se relaciona con las denuncias que se han presentado por resoluciones que son contrarias a la Constitución, así como por prevaricato y usurpación de funciones. Esta sesión tuvo lugar el viernes 24 de enero de 2025.
Derechos constitucionales de los denunciados
La diputada Lidia Tupa fue la encargada de informar sobre este proceso y los derechos constitucionales que asisten a los denunciados. Tupa mencionó que “es su derecho constitucional que ellos tienen y hemos procedido con las declaraciones correspondientes respecto a estas dos denuncias”.
Cuando se le preguntó si la abstención de los magistrados podría retrasar el tratamiento de la denuncia, Tupa respondió que existe otra facultad que permite emitir requerimientos. Estos serán enviados a las autoridades correspondientes. “También la parte denunciante tiene que presentar toda la documentación que crea pertinente para aprobar las denuncias que han realizado”, agregó.
Plazos y acciones necesarias
Tupa también destacó que hay un plazo establecido para recopilar la información y documentación necesarias. “Estamos dentro del plazo y en ese tiempo nosotros vamos a hacer todas las acciones necesarias para recabar información, documentación y lo que fuera necesario para poder emitir un informe técnico que va a estar debidamente fundamentado para conocimiento tanto de los denunciantes como de los denunciados”, explicó.
Argumentos de la abstención
En relación a los argumentos que justifican la abstención, Tupa aclaró que “el diputado de Creemos, que es parte del comité, ha participado de manera virtual. El hecho de que no estén presentes no significa que sea una de las causales para que se abstengan”. Además, resaltó que “la abstención no necesita ninguna causal, es un derecho constitucional establecido en nuestra Constitución Política del Estado”.
Denuncias específicas
Los delitos por los cuales se presentan las denuncias son por “resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones” en contra de los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado, René Iván Espada, María Elizabeth Oporto Balboa y René Félix Navarro.
En un segundo caso, se ha iniciado un proceso por Wilson Pedro Santa María contra Gonzalo Miguel Hurtado, René Iván Espada Navía, Julia Elizabeth Cornejo e Isidora Jiménez Castro. También está involucrada Brígida Celia Vargas, quien no ha podido ser notificada porque ya no es miembro del Tribunal Constitucional. “Se le va a notificar en su domicilio real, para lo cual vamos a emitir requerimientos para que nos informe Segip su domicilio actual”, concluyó Tupa.
