Los productores e industriales de Bolivia han anunciado que llevarán a cabo acciones a partir del 10 de febrero si el Gobierno no decide anular la disposición séptima que se encuentra en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta advertencia fue realizada por José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), durante el segundo ampliado multisectorial que se llevó a cabo en La Paz el martes 21 de enero.
Este encuentro reunió a diversos actores económicos y reafirmó el rechazo a la disposición séptima del PGE 2025. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), afirmó: “Es un ataque a la propiedad privada y eso no lo vamos a permitir”. Además, Camacho indicó que si la norma tiene como objetivo combatir el contrabando, “que se lo haga, pero que no ataque al eslabón más fácil, que es el pequeño y mediano empresario”.
Invasión a la propiedad privada
José Luis Farah también expresó: “No podemos permitir la invasión, porque eso de confiscar la propiedad privada no es permitido; más bien, lo que se debe hacer es enviar un mensaje de paz para seguir trabajando por Bolivia”. Farah adelantó que el 30 de enero se llevará a cabo un tercer encuentro multisectorial en Sucre.
Disposición adicional del PGE 2025
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Proyecto de ley en la Asamblea
El diputado opositor Carlos Alarcón, que forma parte de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), ha presentado un proyecto de ley para eliminar esta disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta propuesta ha sido rechazada por diferentes sectores del aparato productivo nacional. La iniciativa legislativa fue anunciada la semana pasada tras las declaraciones del viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, quien afirmó que está en manos de la Asamblea Legislativa eliminar esta disposición de la ley financiera.
