La Confederación del Sistema Integral de Pensiones, bajo el liderazgo de Roberto Chávez, ha declarado un estado de emergencia. Esta decisión se debe a los problemas que han surgido en la aplicación de la Ley 1582 y la modificación del artículo 19 de la Ley de Pensiones del 2010.
Dirigentes como Rodolfo Ayala han señalado que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han cometido errores en el cálculo de las pensiones. Esto ha generado confusión entre los jubilados, quienes se sienten afectados por la situación. La confederación ha solicitado una reunión con altos funcionarios del Gobierno para discutir estos problemas.
Ayala mencionó que «en 2010 salió la Ley 065 y han ocurrido algunos problemas». Aclaró que «no es un incremento, es un ajuste, una actualización a las pensiones que tiene cada uno». Hasta el momento, se han registrado 10,000 personas que han visitado las gestoras públicas en busca de aclaraciones.
Confusión sobre la fracción solidaria
Sin embargo, existe una «mala información, una mala interpretación» sobre quiénes deben recibir la fracción solidaria. El dirigente también destacó que «las AFP han hecho el cálculo mal», lo que implica que tanto el Estado como los afiliados deben enfrentar un proceso por incumplimiento de deberes.
Además, Ayala subrayó que «ahora se ha privatizado el 97% de las jubilaciones». La confederación ha manifestado su intención de modificar la Ley de Pensiones debido a los problemas detectados en su aplicación.
Preocupación por pensiones bajas
Ayala comunicó: «nadie está obligando a que firmen los del Sistema Integral de Pensiones. Los que quieran firmar, que lo hagan». También expresó su preocupación por aquellas personas que reciben pensiones bajas, sugiriendo que «todos estos compañeros que tienen baja pensión deben recibir un aumento».
Irregularidades en el cálculo
Se ha observado una discrepancia en la aplicación de la escala de Bs 80 por 10 años hasta los 35 años. Algunos jubilados han denunciado irregularidades en el cálculo de su fracción solidaria. La confederación busca defender la economía de sus miembros y evitar conflictos con el actual Gobierno.
