El Gobierno de Bolivia anunció el martes 3 de diciembre que tomará medidas para buscar una reparación económica por los daños ocasionados al Estado durante la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta decisión se produce tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en relación con el caso conocido como Petrocontratos.
Sentencia del Tribunal Supremo
El TSJ ha condenado a Gonzalo Sánchez de Lozada a una pena de seis años y tres meses de prisión. Esta condena se deriva de la firma de 107 contratos que estaban relacionados con la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. Estos contratos fueron firmados sin la autorización del Congreso, lo que constituye una violación a las normativas establecidas.
Acción reparatoria civil
El ministro de Justicia, César Siles, explicó que esta sentencia permite iniciar una acción reparatoria civil. El objetivo de esta acción es resarcir el perjuicio económico que se ha generado al país debido a las decisiones tomadas durante la gestión de Sánchez de Lozada.
Siles destacó que los contratos en cuestión otorgaban solo el 18% de los beneficios a Bolivia, mientras que el 82% de los beneficios se destinaba a las empresas transnacionales. Este desequilibrio en la distribución de beneficios es considerado el núcleo del daño económico que se busca reparar.
Proceso de cuantificación del daño
La reparación económica será demandada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o el Ministerio de Hidrocarburos. Para llevar a cabo este proceso, se realizará una cuantificación del daño mediante auditorías y la recopilación de documentos que respalden el cálculo del perjuicio económico.
La demanda se tramitará en Bolivia, aunque el ministro Siles también mencionó que existen mecanismos internacionales que permiten solicitar el congelamiento de cuentas y el embargo de bienes en el extranjero. Esto podría facilitar la recuperación de los recursos que se consideran perdidos.
Extradición de Gonzalo Sánchez
En relación con el proceso de extradición, el ministro Siles indicó que esta sentencia es un elemento probatorio crucial para avanzar en la tramitación de la extradición de Sánchez de Lozada, quien actualmente reside en Estados Unidos.
Además de Sánchez, también fueron condenados los exministros Jorge Berindoague, Carlos Contreras y Carlos Alberto López. Estos exfuncionarios enfrentan penas de cinco años de prisión y, al igual que Sánchez, residen fuera del país.
Compromiso del Gobierno
El Gobierno ha asegurado que no escatimará esfuerzos para garantizar que los responsables de estos actos rindan cuentas. La intención es que el daño económico causado sea reparado en beneficio del Estado y de todos los bolivianos.
