El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz llevará a cabo el 17 de octubre una audiencia de acción de cumplimiento. Esta audiencia podría definir si las elecciones judiciales, programadas para el 1 de diciembre, continuarán a pesar de los fallos negativos en Beni y Pando.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, declaró que el objetivo es asegurar el respeto a la Constitución Política del Estado. Además, rechazó las acusaciones de la oposición que sugieren una posible responsabilidad del Ejecutivo en la paralización del proceso electoral.
Objetivo de la audiencia
El recurso que se admitió tiene como finalidad mantener los comicios previstos para el 1 de diciembre. Esto se da a pesar de los fallos de las salas constitucionales de Beni y Pando, que declararon desiertos los procesos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Alcón afirmó: “Se ordena, como medida cautelar, la prosecución, sin ninguna interrupción, de este proceso de elecciones judiciales. Tenemos además que ratificar nuestra posición: la Constitución Política del Estado se tiene que cumplir y se tiene que respetar”.
Rechazo a acusaciones
La viceministra también desestimó las insinuaciones de la oposición sobre una posible responsabilidad del Ejecutivo en la paralización del proceso electoral. Por el contrario, expresó que algunos actores políticos podrían tener interés en que todo el proceso se detenga.
Alcón destacó que la responsabilidad del Gobierno es garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso electoral.
Impacto económico de la paralización
Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), si se detiene el proceso electoral, esto generará un daño económico de 55 millones de bolivianos. Este dato resalta la importancia y la urgencia de continuar con el desarrollo del proceso electoral en curso.
Próxima audiencia en La Paz
Para el 17 de octubre se tiene programada una audiencia de acción de cumplimiento en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En esta audiencia se podría determinar la continuidad de las elecciones judiciales.
