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Titular: Suspendida audiencia por amparo que amenaza elecciones judiciales

Hugo Vargas presenta un amparo contra el TSE tras ser inhabilitado / Correo Del Sur

Uno de los amparos constitucionales que se han presentado contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual representa una amenaza para las elecciones judiciales, fue interpuesto por el abogado Hugo Vargas. Este abogado fue inhabilitado durante el proceso de preselección, a pesar de haber obtenido un alto puntaje en su postulación.

Audiencia suspendida

La audiencia relacionada con este amparo se llevó a cabo el jueves por la mañana. Durante esta audiencia, se tomó la decisión de suspenderla hasta el próximo martes 15 de octubre. Esta suspensión se decidió para notificar a terceros interesados en el caso. Entre estos terceros se encuentran los presidentes de las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. También se notificará a los presidentes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Agroambiental Consejo de la Magistratura.

Declaraciones de Hugo Vargas

Hugo Vargas enfatizó que “lo importante es que se lleve a cabo la audiencia, sin importar si se incluye al Presidente o al vicepresidente del Estado”. Esta afirmación resalta la importancia del proceso judicial en curso y su relevancia para el sistema electoral.

Elecciones judiciales y normativas

En relación con las elecciones judiciales, Vargas expresó que “ambas comisiones de la Asamblea Legislativa han remitido las listas de aprobados y reprobados”. Además, mencionó que estas comisiones han ido más allá al realizar la preselección de los postulantes. Sin embargo, Vargas considera que este proceso debería estar a cargo del pleno de la Asamblea Legislativa.

El abogado argumentó que las comisiones deberían haber remitido únicamente las listas de todos los postulantes que obtuvieron un mínimo de 130 puntos, tal como lo establece la norma vigente. Esta observación pone de manifiesto la necesidad de seguir los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia y la legalidad en el proceso de selección judicial.


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