El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ha dejado claro que la marcha convocada por el dirigente cocalero Evo Morales para el 17 de septiembre está prohibida. Esta decisión se basa en una Acción Popular emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. La resolución judicial prohíbe cualquier tipo de movilización o bloqueo de carreteras, lo que complica las intenciones del ex presidente y sus seguidores.
La marcha, que algunos analistas han denominado «marcha de la muerte», tiene como objetivo exigir la renuncia del actual presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. En este contexto, Ríos expresó su preocupación por el hecho de que los seguidores de Morales estén siendo utilizados para satisfacer intereses personales relacionados con un posible regreso al poder del ex mandatario. “Hemos tomado conocimiento sobre esta situación y reiteramos nuestro compromiso con garantizar el libre tránsito y los derechos ciudadanos”, afirmó Ríos.
Tensión en Bolivia
El anuncio de la prohibición se produce en un clima tenso en Bolivia. David Mamani, un aliado cercano a Morales, ha convocado un bloqueo de carreteras que comenzará el 16 de septiembre. Esta situación ha generado inquietud entre las autoridades gubernamentales. El viceministro recordó que la Acción Popular emitida el 16 de febrero prohíbe expresamente estos bloqueos y aseguró que la Policía Boliviana actuará conforme a la ley para mantener el orden público.
Respaldo gubernamental a la prohibición
Otros funcionarios del gobierno también han expresado su apoyo a esta prohibición judicial. Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, respaldó firmemente la decisión. Montaño argumentó que esta acción refleja el sentir del pueblo boliviano ante los posibles perjuicios económicos y sociales que podrían surgir si se permitieran estas movilizaciones en un contexto ya complicado para el país.
Consecuencias potenciales
Las posibles consecuencias de permitir la marcha o los bloqueos anunciados por Mamani son significativas. Esto podría desencadenar disturbios sociales e interrumpir actividades económicas vitales en varias regiones. Además, podría aumentar las tensiones políticas entre los sectores afines al gobierno actual y aquellos leales a Morales.
En conclusión, mientras Evo Morales intenta movilizar apoyo popular contra el gobierno actual mediante su marcha programada para este mes, las autoridades han dejado claro que cualquier intento por bloquear vías o incitar disturbios será enfrentado con firmeza legal. La situación sigue siendo delicada y requiere atención tanto política como social para evitar escaladas innecesarias en un país aún marcado por profundas divisiones tras años recientes convulsos.
