El Ministerio Público presentó una denuncia este jueves 18 de julio, en la cual se señala que un juez habría obtenido detención domiciliaria a pesar de estar involucrado en un accidente de tránsito bajo presunta influencia del alcohol. Durante la audiencia, el acusado presentó documentos que la Fiscalía considera cuestionables y posiblemente alterados.
El incidente ocurrió el 14 de julio en la Cumbre, camino hacia los Yungas, resultando en una colisión que dejó 11 personas heridas, incluyendo dos menores y un ciudadano chileno que fue enviado a terapia intensiva. La fiscal a cargo, María Rene Delgado, informó en ese momento que el conductor implicado, identificado como Limbert M. O., se encontraba en estado de ebriedad con un nivel de alcohol en sangre de 1,6 grados, lo cual es sancionable según la normativa vigente.
Contradicción en los resultados de alcoholemia
La Fiscalía presentó la prueba de alcoholemia que respaldaba la solicitud de prisión preventiva para el acusado en la cárcel de San Pedro. Sin embargo, durante la audiencia de medidas cautelares, el juez presentó otro resultado de alcoholemia que certificaba que el investigado tenía cero grados de alcohol en su organismo. La Fiscalía denunció que este certificado no fue presentado físicamente ni solicitado por la fiscalía, y aún así, la autoridad judicial decidió otorgar detención domiciliaria al imputado.
Documentos cuestionables y posible manipulación informática
La fiscal Delgado también señaló que el acusado presentó otros documentos sobre sus antecedentes que son cuestionables, y sospecha que los datos podrían haber sido manipulados informáticamente, ya que estos son administrados por el Consejo de la Magistratura. La Fiscalía iniciará investigaciones sobre todos los documentos presentados por el juez imputado, ya que consideran inaceptable que se emitan dos exámenes diferentes el mismo día por la misma entidad médica.
Beneficio con detención domiciliaria y apelación de la Fiscalía
A pesar de las circunstancias, el acusado obtuvo detención domiciliaria sin salida laboral y una fianza económica de 50.000 bolivianos. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión jurisdiccional para que se cumpla la detención preventiva. Actualmente, están a la espera de que se fije una nueva audiencia para resolver este caso.
