Ficha informativa
La incineración de madera boliviana en Chile, relacionada con el caso ‘Narcomaderas’, ha generado preocupación en el sector maderero. A pesar de las solicitudes de las empresas bolivianas para evitar la quema, el proceso comenzó el 3 de septiembre y continúa bajo reserva.
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Contexto:
El caso ‘Narcomaderas’ involucra a 21 empresas madereras bolivianas, con defensa liderada por Daniel Guevara. Las empresas cuestionan la validez del análisis realizado por el Instituto de Salud Pública (ISP) y han solicitado la suspensión de la incineración. El expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió al gobierno chileno esclarecer los procedimientos y planteó un posible resarcimiento si se confirman errores.
Las próximas incineraciones se realizarán bajo reserva y sin notificación a los propietarios. La periodista Ximena Astudillo confirmó que el procedimiento es autorizado bajo legislación chilena y que existen protocolos específicos para la destrucción de cargas con sustancias ilícitas.
Por qué importa:
La incineración afecta la imagen del sector maderero boliviano y genera un impacto económico negativo sobre las empresas exportadoras. Existe un pedido formal por parte del sector para recibir compensaciones debido a los perjuicios ocasionados.
Datos clave:
- Fecha de inicio de la incineración: 3 de septiembre de 2026
- Fechas de operaciones adicionales: 11 de septiembre de 2026
- Número total de contenedores retenidos: 48
- Número de cargas incineradas inicialmente: 6
- Porcentaje de trazas detectadas: entre 5% y 10%
- Cantidad total de madera incautada: 1.080 toneladas
- Cantidad de droga impregnada según autoridades chilenas: 108 toneladas
- Plazo legal para destruir sustancias: 30 días, ampliado a 120 días
Incineración de madera boliviana en Chile
El caso conocido como “narcomaderas” ha llevado a la incineración de madera boliviana en el país vecino Chile, generando preocupación en el sector maderero. Pese a que empresas madereras de Bolivia solicitaron que el cargamento de maderas incautado en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso no fuera quemado, el proceso de incineración comenzó el pasado 3 de septiembre con un contenedor de prueba.
Según el medio chileno El Mostrador, el Servicio de Salud de Arica inició la quema con este contenedor y se reanudó el 11 de septiembre con otros cinco cargamentos de los 48 contenedores que permanecen retenidos. Las primeras seis cargas incineradas correspondieron a aquellas que no fueron representadas legalmente en Chile en los procesos investigativos que se mantienen bajo reserva.
Reacción del sector maderero boliviano
La defensa de 15 de las 21 empresas madereras bolivianas afectadas solicitó a la Fiscalía Regional suspender cualquier medida destinada a destruir las cargas que aún permanecen retenidas. Los empresarios han insistido en su tesis de que el caso “está viciado”, al conocer que los informes del Instituto de Salud Pública (ISP) nunca detectaron la impregnación con droga, sino que solo fueron pesquisadas “trazas” de entre un 5% y un 10%, cantidades insuficientes para montar una operación de narcotráfico.
Dentro de las 15 empresas madereras que han elegido la vía judicial figuran:
- Andina Forestal SRL
- Bolprow SRL
- Bolivia S.A.
- Expres Wood
- Manurini Eco Import Export
- Multipando
- Siempre Verde
- Maderera Zalles
- Realwood SRL
- Río Yata Madera Import Export S.R.L.
Detalles sobre las incineraciones
“Si bien ninguna autoridad en la Fiscalía Regional, en el Servicio de Salud de Arica y tampoco en el ISP quisieron ratificarlo, este medio presenció el segundo operativo del 11 de septiembre realizado en la explanada de quemas de sustancias ilícitas en Pampa Concordia, en las proximidades de la Ruta A-13”, informó El Mostrador. El medio también señaló que las próximas incineraciones se realizarán bajo reserva y sin notificación a los propietarios de las cargas, bajo un acuerdo de confidencialidad para los funcionarios públicos que participen en el proceso. Una filtración de información podría derivar en el inicio de un proceso penal.
Plazos y procedimientos legales
El fiscal regional Mario Carrera Guerrero explicó que la legislación establece un plazo de 30 días desde el comiso para destruir las sustancias. Según dijo, en este caso se solicitó una ampliación porque era difícil completar el procedimiento dentro de ese periodo, por lo que el plazo se extendió por 120 días.
Análisis del caso por parte de expertos
La periodista chilena Ximena Astudillo, quien realizó seguimiento al caso “narcomaderas”, reveló que se trata de un procedimiento autorizado bajo la legislación chilena, señaló Red Uno. Astudillo también explicó que, cuando existe un certificado del ISP que determina la presencia de una sustancia ilícita, existen procedimientos específicos para la carga, entre ellos su destrucción.
El pasado junio se conoció como resultado de un operativo en puertos chilenos, se habría incautado un cargamento de madera de 1.080 toneladas proveniente de Bolivia. Según las autoridades chilenas, tenían 108 toneladas de droga impregnada. El Fiscal General del Estado Roger Mariaca informó en julio que las pericias practicadas a las maderas dieron negativo para la presencia de drogas. El 26 de agosto, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo indicó que las autoridades chilenas no demostraron científicamente la presencia de sustancias controladas en el cargamento.
Impacto económico y resarcimiento solicitado
El pasado lunes, el expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió al gobierno de Chile esclarecer el caso conocido como “narcomaderas” y planteó que, si las investigaciones confirman errores en los procedimientos o análisis realizados, Bolivia debe recibir un resarcimiento por el perjuicio ocasionado a su imagen y al sector maderero. Quiroga dijo que recibió informes elaborados por especialistas contratados por exportadores bolivianos que cuestionan la correspondencia entre los primeros análisis de trazas y los posteriores resultados de laboratorio presentados en Chile.
El caso genera preocupación en Bolivia debido al impacto económico sobre las empresas exportadoras y al pedido de resarcimiento planteado por el sector, mientras continúan los cuestionamientos sobre las circunstancias en las que fueron detectadas las presuntas trazas de droga.
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