El expresidente Evo Morales y el exministro de Gobierno, Carlos Romero, han denunciado al Gobierno de Luis Arce por malversación de fondos. Según ellos, el Gobierno se ha gastado el dinero de los ahorristas depositado en bancos privados y ha empeñado la renta de los jubilados en la Bolsa de Luxemburgo.
Morales ha mencionado que el Gobierno de Arce ha ordenado al Fondo Monetario Internacional (FMI) no dar informes sobre la situación económica boliviana. Esta medida ha sido denunciada también por el expresidente Jorge Tuto Quiroga.
Desdolarización de cuentas de ahorristas y mal manejo de fondos
Por su parte, Romero ha indicado que el Gobierno ha dispuesto de los dólares de los ahorristas, desdolarizando las cuentas de los clientes. Según él, se han utilizado los dólares del Encaje Legal y dinero de otros programas del Banco Central, además de prestar dinero de la banca comercial.
La Gestora Pública, entidad aseguradora, ha informado que tenía 920 millones de dólares provenientes de los aportes, los cuales debían ser puestos a disposición en bonos para cubrir la renta de los jubilados. Sin embargo, Romero ha señalado que esta cantidad ha disminuido a 486 millones de dólares y ha sido llevada a la Bolsa de Luxemburgo, donde su valor ha caído aún más.
Compromisos financieros y riesgos para el futuro
Los títulos de valores anunciados inicialmente por la Gestora Pública ya no valen 920 millones de dólares, sino que han llegado a 250 millones debido a la baja calificación de riesgo de Bolivia. Como resultado, la Gestora ha decidido destinar 200 millones de dólares al Banco Central y llevar los 50 millones restantes a la Bolsa de Valores de Washington.
El interés comprometido ante la Bolsa de Luxemburgo es del 23% a un plazo de 3 años. Si en ese plazo no se devuelve la suma de 300 millones de dólares, esos títulos de valores se perderán, lo que podría afectar el pago a los jubilados.
Ante esta situación, Morales y Romero han expresado su preocupación por la falta de transparencia del Gobierno y el manejo inadecuado de los fondos, lo que pone en riesgo la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos bolivianos.
