Una medida cautelar emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Beni ha llevado a la suspensión indefinida de las actividades de la Asamblea Departamental Legislativa del Beni. Esta medida impide el tratamiento de modificaciones presupuestarias y afecta la agenda legislativa en la región.
La suspensión de las sesiones ordinarias fue comunicada a los asambleístas a través de una circular emitida por la directiva, en cumplimiento de un Auto Interlocutorio. La acción de Amparo Constitucional fue presentada por las asambleístas Mónica Núñez Vela Shrackmann y otras de la bancada MTS, generando controversia en torno a las decisiones tomadas.
Impacto en la aprobación de presupuestos y trámites esenciales
La paralización de las sesiones ordinarias ha tenido un impacto significativo en la aprobación de presupuestos reformulados y otros trámites esenciales para el funcionamiento adecuado de la Asamblea Departamental Legislativa. Esto ha generado preocupación entre los funcionarios encargados de la gestión administrativa, como el secretario departamental de Planificación, Pedro Villalobos.
Preocupación por la intervención de un tercero ajeno al tema
El secretario departamental de Planificación expresó su preocupación ante la intervención de un tercero ajeno al tema, proveniente del sector campesino. Esta situación ha generado controversia y ha dificultado aún más la gestión administrativa de la Asamblea Departamental Legislativa.
Repercusiones en la reformulación del Programa Operativo Anual (POA)
Los directivos de la Asamblea Departamental Legislativa lamentaron que se haya aprovechado la buena fe de los vocales de la Sala Constitucional, ya que esto ha afectado la reformulación del Programa Operativo Anual (POA). Las supuestas vulneraciones a derechos de un sector no contemplado en las reformulaciones han generado preocupación y obstáculos en el proceso.
