Un grupo de 146 expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha instado a todos los Estados a seguir el ejemplo de 146 miembros de Naciones Unidas y reconocer a Palestina como Estado. Esta petición se realizó después de que España, Irlanda y Noruega se unieran a ese grupo el pasado 28 de mayo.
Los expertos señalan que el reconocimiento de Palestina como Estado es una condición previa para la paz en Palestina y en toda la región de Oriente Medio. Además, destacan que la paz debería comenzar con un alto el fuego en Gaza y el cese de las incursiones militares en Rafah. En un comunicado conjunto, los firmantes, incluyendo la relatora de la ONU para Palestina Francesca Albanese, enfatizan que los palestinos deben tener derecho a la autodeterminación y a desarrollarse en un marco de seguridad.
Apoyo internacional al Estado palestino
Los expertos también destacan el reciente reconocimiento de España, Irlanda y Noruega al Estado palestino, que se produjo poco después de que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución en apoyo a los esfuerzos de Palestina por convertirse en miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. La resolución fue aprobada por 143 votos a favor y 9 en contra.
Orden de arresto de la Corte Penal Internacional
Los firmantes también resaltan la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres líderes de Hamás. Consideran que esta orden representa un avance hacia la rendición de cuentas y el fin de la impunidad en los Territorios Palestinos. Entre los firmantes se encuentran relatores de la ONU sobre derechos de los desplazados, ejecuciones extrajudiciales y miembros de varios grupos de trabajo de Naciones Unidas.
Avance en la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos
La orden emitida por la Corte Penal Internacional es un hito significativo en términos legales internacionales, ya que apunta directamente a altos funcionarios involucrados en conflictos regionales. Esta acción refleja el intento del sistema judicial internacional de garantizar la responsabilidad por posibles violaciones graves a los derechos humanos.
Fuente: EFE
