El sector del transporte nacional e internacional pesado de Oruro ha confirmado que llevará a cabo un bloqueo de caminos los días 3 y 4 de junio. Los Incorporados, representantes del sector, han rechazado la reunión propuesta por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y solo aceptarán una reunión con el Presidente Luis Arce.
El sector del transporte reprocha las acusaciones del ministro Montaño sobre una supuesta intención política detrás de la movilización. Argumentan que sus principales demandas se centran en la escasez de dólares, combustible y presuntos atropellos por parte de instituciones como la Aduana y otras.
El representante de la Central de Transporte Pesado Nacional e Internacional Incorporados Oruro, Castillo Sánchez, desmiente las afirmaciones del ministro y asegura que este tema no es político, sino que se trata de demandas legítimas. Entre estas demandas se encuentran el trato de la Aduana, abusos en las fronteras y los disparos a quemarropa del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC). Sánchez enfatiza que estos problemas requieren atención urgente, ya que el sector está atravesando un momento crítico.
Rechazo a las acusaciones y falta de diálogo
El representante del sector del transporte pesado expresa su preocupación por las declaraciones del ministro Montaño y critica la falta de diálogo por parte del Gobierno. Sánchez señala que, a pesar de haber enviado invitaciones desde el año pasado, no han sido escuchados. Asegura que el sector respeta las decisiones tomadas en su ampliado nacional y que las medidas de bloqueo de carreteras a nivel nacional continuarán los días 3 y 4 de junio, a menos que el Presidente Luis Arce los convoque antes, incluso hasta el domingo.
Demandas adicionales del sector del transporte
Además de las demandas mencionadas, el sector del transporte pesado exige la provisión de combustible y dólares, así como la derogación del Decreto Supremo 5146 del 12 de abril de 2024 y su resolución ministerial 090. Consideran que esta resolución es discriminatoria, ya que establece que los contratos de incorporación suscritos por las empresas del sector deben ser registrados ante el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Transportes.
