El Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, ha emitido un llamado urgente al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, para convocar a una sesión y evitar la crisis judicial que se está gestando en el país. Este pedido surge después de una reunión infructuosa entre líderes políticos para discutir las elecciones de magistrados.
Callisaya ha recordado que es responsabilidad de la Asamblea garantizar un proceso democrático para elegir a las autoridades judiciales. A través de sus redes sociales, el Defensor ha manifestado que es urgente que el presidente del legislativo convoque a una sesión para evitar la crisis judicial y no subordinar su legitimidad ante interpretaciones.
Actualmente, las elecciones judiciales se encuentran paralizadas debido a un fallo de la Sala Constitucional de Pando, que ha ordenado dejar sin efecto la preselección.
Reacciones y posturas divergentes
La reunión del jueves tenía como objetivo encontrar una solución, pero los opositores y los «evistas» han planteado iniciativas para ser aprobadas en sesión de la Asamblea, mientras que el Vicepresidente y los «arcistas» han insistido en dejar este tema en manos del Tribunal Constitucional, que debe revisar el fallo de la Sala de Pando.
Este conflicto ha generado diversas reacciones. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé también ha pedido que se convoque a una sesión y que no se subordine la voluntad popular al Tribunal Constitucional autoprorrogado. Por su parte, el expresidente Evo Morales considera que Choquehuanca debilita a la Asamblea y la subordina a miembros autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Posturas y propuestas en conflicto
En medio de este conflicto, los opositores y los «evistas» proponen tratar en sesión las leyes antipróroga y los créditos que el Gobierno desea, además de una ley para continuar con las elecciones judiciales ajustando los plazos. Por otro lado, los «arcistas» proponen seguir los procedimientos legales y descartan cesar a los magistrados actuales, argumentando que sería inconstitucional según un fallo del mismo TCP.
La falta de consenso político ha llevado a un estancamiento en el proceso electoral para elegir nuevas autoridades judiciales. Esta situación ha generado críticas hacia las diferentes posturas políticas involucradas en el conflicto, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro del sistema judicial boliviano.
