En el ex Centro de Salud Santa Lucía, ubicado en Oruro, Bolivia, se vive un conflicto cada vez más tenso. Los funcionarios de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) se encuentran en huelga de hambre en el interior de estas instalaciones. Mientras tanto, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación afirma que, tras un proceso de usucapión, tienen la propiedad del lugar.
En el tercer día de conflicto, el director de la DIO, Boris Delgado, y la secretaria de Desarrollo Humano, Lizeth García, intentaron ingresar a las instalaciones del ex Centro de Salud Santa Lucía para verificar la situación de los funcionarios en huelga de hambre. Sin embargo, las fuerzas del orden que resguardan el ingreso les negaron el acceso, impidiendo que llevaran a cabo esta tarea.
Horas más tarde, dos trabajadores de la DIO que estaban en huelga de hambre tuvieron que abandonar las instalaciones debido a su delicado estado de salud, después de un «forcejeo» con los funcionarios ediles y la policía.
Preocupación por los afectados y la falta de condiciones
El Sedeges lamenta que los conflictos en los predios del ex Centro de Salud Santa Lucía afecten a los niños y adolescentes con discapacidad que se encuentran en el Centro de Acogida «Crecer», debido al bullicio generado en los exteriores. Guadalupe Ramírez, jefa de la Unidad de Asistencia Social y Familia del Sedeges, también señala que las autoridades están trasladando a personas vulnerables cuando ya cuentan con sus propias instalaciones de atención.
El proceso de usucapión y la propiedad del bien
Según Limbert Loredo, asesor legal de la Dirección Superior de la Gobernación, en junio de 2002, el Sedeges obtuvo una sentencia favorable que los declara propietarios del ex Centro de Salud Santa Lucía a través de un proceso de usucapión. Esta sentencia fue confirmada en una instancia superior y desde entonces se ha trabajado en la inscripción del derecho propietario en Derechos Reales.
El proceso de inscripción se encuentra en curso, pero ha sido objeto de una observación debido a la extensión superficial del terreno, que supera los 2 mil metros cuadrados. Según la normativa, los terrenos de más de mil metros cuadrados deben contar con un plano georreferenciado aprobado. El Sedeges ha protocolizado el documento que acredita su derecho propietario, pero aún está pendiente la inscripción en Derechos Reales.
