El martes 7 de mayo, diversos sectores, entre ellos el partido político «Evistas» y grupos de oposición, expresaron su total rechazo al Decreto Supremo (DS) 5143. Consideran que este decreto es inconstitucional y representa una amenaza para la propiedad privada en el país. Ante esta situación, se han anunciado movilizaciones con el objetivo de lograr su abrogación.
Desde la alianza política Creemos, denuncian que el DS 5143 otorga al Ejecutivo un poder sobre los Derechos Reales, lo cual pone en riesgo el derecho propietario en Bolivia. En respuesta, han enviado cartas a organismos internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar el avance unilateral del Gobierno boliviano en la normativa, que vulnera los derechos en el país.
Declaración de estado de emergencia y movilización
La senadora Centa Rek anunció que, tras una reunión realizada recientemente, se ha determinado la declaración de estado de emergencia para exigir al Ejecutivo la abrogación de este decreto supremo. Además, se ha convocado a marchas de protesta en Santa Cruz y otras ciudades del país a partir del viernes 10 de mayo.
Acusaciones y llamado a la movilización
El senador «evista» Leonardo Loza asegura que el decreto atenta contra la propiedad privada y acusa al Gobierno de abusar de los derechos de los ciudadanos. Hace un llamado a estar alerta, ya que podrían verse afectados. Al igual que la alianza Creemos, pide la abrogación del decreto y llama al pueblo a movilizarse. Destaca que la movilización ha logrado que el Gobierno retroceda en algunas decisiones, pero insta a la población a informarse adecuadamente sobre esta situación.
Controversia sobre el «Sistema Único de Derechos Reales»
Una de las principales preocupaciones es el artículo 17 del DS 5143, que establece la implementación del «Sistema Único de Derechos Reales» en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic). Se argumenta que esto busca modernizar y regularizar el registro de propiedad. Sin embargo, se considera que esta medida va en contra de la Constitución, ya que se estaría poniendo en riesgo la protección de los datos sobre inmuebles que cada ciudadano posee y que solo son custodiados por el Órgano Judicial. Según la Constitución, estos datos no pueden ser transferidos a otras instituciones del Estado sin el consentimiento de los titulares.
