El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, afirmó que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la decisión tomada en Pando de anular las elecciones judiciales. Según Silva, el Gobierno no tiene control sobre los más de 400 postulantes y no puede influir en sus acciones.
El viceministro señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional también tiene responsabilidad en lo sucedido, ya que su falta de cuidado en el proceso de selección de los postulantes llevó a la inhabilitación de muchos de ellos. Esto generó que los postulantes afectados presentaran recursos legales para defender sus derechos.
La Sala Constitucional Primera de Pando anuló las elecciones judiciales
La Sala Constitucional Primera de Pando decidió anular las elecciones judiciales y ordenó un nuevo proceso de preselección. Esta determinación se basó en la vulneración del derecho a la igualdad de las mujeres y los pueblos indígenas originarios.
Los legisladores fueron negligentes en su trabajo
Según Silva, los legisladores tenían conocimiento de que debían convocar a las elecciones judiciales, pero lo hicieron tarde, después de priorizar otros asuntos internos y sus propios intereses. Esta negligencia contribuyó
