Desde el inicio de 2023 hasta abril de este año, la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha registrado un total de 1.683 denuncias relacionadas con la vulneración de derechos laborales en el país. Ante esta situación, se ha instado al Estado a tomar medidas con el objetivo de garantizar los derechos laborales y facilitar el acceso a procedimientos eficaces para atender denuncias de acoso laboral.
Principales vulneraciones identificadas
De acuerdo con los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, se han identificado diversas vulneraciones de derechos laborales en los 1.683 casos registrados. Entre las principales vulneraciones destacan el salario justo, el acoso laboral, la inamovilidad laboral, el empleo digno y el pago de beneficios sociales.
Necesidad de acciones para garantizar el derecho al trabajo
Estos datos revelan la existencia de normativa laboral en Bolivia, pero también evidencian la necesidad de implementar acciones concretas para asegurar el pleno goce del derecho al trabajo.
Preocupación por el acoso laboral
La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por la cantidad de denuncias recibidas relacionadas con el acoso laboral, que ocupa el segundo lugar entre las vulneraciones más recurrentes, con un total de 304 denuncias desde 2023 hasta abril de este año.
La falta de una ley que regule el acoso laboral
La Defensoría del Pueblo ha señalado que actualmente Bolivia no cuenta con una ley que regule el acoso laboral, a pesar de ser un tema pendiente desde la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009. Han transcurrido más de 15 años sin que se haya emitido una ley que establezca sanciones, a pesar de la protección a la estabilidad laboral y la prohibición constitucional de cualquier forma de acoso laboral.
Un llamado a la acción
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha instado al Estado a tomar acciones inmediatas para garantizar los derechos de los trabajadores. Es fundamental que todos los niveles del Estado trabajen en conjunto para asegurar que el derecho laboral y el acceso a procedimientos sean prontos, oportunos y transparentes.
