La Paz Política

Diputado «evista» denuncia a hijo del Presidente Arce por tráfico de influencias

Héctor Arce diputado del partido "evista", acusa a Rafael Arce, hijo del presidente de legitimación de ganancias ilícitas / APG

El diputado Héctor Arce, perteneciente al partido «evista», presentó una denuncia formal contra Rafael Arce, hijo del Presidente Luis Arce, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de influencias. La denuncia fue presentada en Sucre el miércoles 17 de abril, donde el legislador entregó la documentación correspondiente.

Arce acusó al hijo del mandatario de adquirir una propiedad conocida como «Adán y Eva» en Santa Cruz, la cual abarca una extensión de 2.187 hectáreas. El diputado considera sospechoso que Rafael Arce haya podido pagar una suma tan elevada a sus 25 años de edad. Además, se afirma que el Presidente habría influido directamente en la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para agilizar los trámites de adquisición.

El diputado Héctor Arce, presentó una denuncia formal contra Rafael Arce, hijo del Presidente Luis Arce, por los delitos de legitimación / APG

Interrogantes sobre el origen de los fondos y acusaciones de monopolio

El legislador expresó su incredulidad ante la capacidad de Rafael Arce para adquirir una propiedad valorada en 5,5 millones de dólares, la cual, según afirma, ha aumentado su valor a más de siete millones de dólares debido a la adquisición de equipos y maquinaria. Arce Mosqueira deberá demostrar de dónde proviene ese dinero y si fue obtenido a través de un crédito y con qué garantías. Además, se le acusa de ejercer un monopolio en la producción de maíz, ya que toda su producción es adquirida por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), dejando a otros productores sin lugar en el mercado.

Recepción privilegiada de combustible y posibles consecuencias legales

El diputado también acusó a Rafael Arce de recibir despachos de miles de litros de diésel desde 2022, mientras que la población se enfrenta a largas filas en las estaciones de servicio para conseguir combustible. Sin embargo, el legislador reconoce que su denuncia podría ser desestimada y que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, podría ordenar su cierre, como ha sucedido en otros casos de supuesta corrupción relacionados con el Gobierno. A pesar de esto, advierte a los fiscales que la corrupción no prescribe y que, en un futuro, estos casos podrían ser reabiertos para su investigación cuando «regrese un gobierno patriota».


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