En la reciente VIII Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Virginia Velazco, presentó un anteproyecto de Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. Este proyecto incluye disposiciones como la interrupción voluntaria del embarazo dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La senadora Velazco asistió a este evento en representación del Senado y se llevó a cabo en Oslo, Noruega, del 10 al 12 de abril. El objetivo de la conferencia era capacitar a los legisladores para que promovieran la salud y los derechos sexuales y reproductivos en sus respectivos países, así como fomentar alianzas y cooperación entre naciones y defensores de la salud y los derechos humanos.
Propuestas clave del anteproyecto de Ley
El anteproyecto presentado por la legisladora boliviana busca regular los procedimientos de atención a víctimas de violencia sexual como un acto de atención prioritaria, sin la exigencia de ningún tipo de requisito. Además, establece la atención en los servicios de prueba de detección para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), hepatitis B, tratamiento preventivo de antirretrovirales VIH/Sida, la anticoncepción de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo en el SNS.
En cuanto a la interrupción del embarazo, el único requisito para todos los casos será la firma del consentimiento informado por parte de la persona gestante, sin que el establecimiento de salud pueda exigir otro trámite, requisito, formalidad o procedimiento previo de ninguna naturaleza.
Requisitos adicionales para la interrupción legal del embarazo
En los casos de riesgo para la vida y salud de la persona gestante o en casos de malformaciones congénitas letales incompatibles con la vida, se requerirá el informe médico. En caso de violación, estupro o incesto, se deberá seguir el protocolo de atención vigente.
En el caso de niñas, el hecho debe ser puesto en conocimiento de las autoridades por considerarse el embarazo resultado de una violación. En el caso de adolescentes que expresen haber sido víctimas de violencia sexual, el responsable del establecimiento de salud debe comunicar el hecho a las autoridades competentes.
Prevención y políticas públicas
El anteproyecto también propone la implementación de políticas de prevención y la atención integral multidisciplinaria en el marco de la planificación y gestión pública. Además, regula las políticas públicas sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos a nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA`s).
La propuesta incluye el consentimiento previo, libre e informado en los servicios de salud sexual y salud reproductiva, reconociendo el derecho de cada persona a decidir qué exámenes, pericias, entrevistas y procedimientos terapéuticos, médicos o de otro tipo se le realicen.
Acceso a métodos anticonceptivos
Finalmente, el anteproyecto de ley plantea la regulación del acceso a métodos anticonceptivos modernos en todos los niveles a través de los servicios de salud públicos y de la seguridad social de corto plazo. Esto incluye la dotación gratuita y oportuna de anticoncepción oral de emergencia y métodos anticonceptivos definitivos, previa información, orientación y consejería.
