El expresidente Evo Morales anunció que la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunirá de manera urgente en Cochabamba para evaluar la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a un nuevo congreso ordinario del partido.
El TSE ha dado un ultimátum al MAS para que convoque a un congreso ordinario en un plazo de 25 días, advirtiendo que de lo contrario podrían perder su sigla.
Cambio de opinión de Morales
En un cambio de opinión, Morales, quien anteriormente afirmaba que el congreso ordinario del MAS en Lauca Ñ era legal y debía ser respetado, ahora reconoce la necesidad de convocar a otro congreso. En Lauca Ñ, Morales fue proclamado como candidato para las elecciones presidenciales de 2025.
El expresidente señaló que el TSE no reconoce el congreso de los «arcistas» y acusó a los grupos afines al Gobierno de mentir y engañar. Ante esta situación, Morales convocó a una reunión de emergencia con la dirección saliente y entrante del MAS-IPSP para debatir la resolución del TSE.
No se rendirá ante las amenazas
A pesar de las amenazas de proscripción del MAS y de su posible inhabilitación como candidato presidencial, Morales afirmó que no se rendirá ni cederá. Además, destacó que cuenta con el respaldo de juristas internacionales y de expresidentes como Ernesto Samper de Colombia, Alberto Fernández de Argentina, José Luis Zapatero de España, así como delegados de Maduro y el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva.
Lucha contra las élites
En el marco de la celebración del 29º aniversario del MAS en Yapacaní, Santa Cruz, Morales afirmó que todas las acciones en su contra y los actos de amedrentamiento forman parte de su lucha contra las élites que buscan evitar el acceso al poder de los sectores desfavorecidos.
Según Morales, en reuniones internas algunos funcionarios del gobierno estarían buscando un punto intermedio debido a que reconocen que el «arcismo» ya no se considera ganador.
Acusaciones sobre magistrados «autoprorrogados»
El exmandatario también se refirió a los magistrados «autoprorrogados», afirmando que el gobierno de Luis Arce respaldó esa acción a cambio de retrasar las elecciones judiciales hasta el año 2027.
