Una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo en 2023 reveló que el 77% de los cadetes y conscriptos fueron testigos de algún hecho de violencia sufrido por algún compañero. La investigación se llevó a cabo con la participación de 1.500 uniformados de centros de formación policial y militar.
Según los datos obtenidos, el 79% de los cadetes y conscriptos aseguró no haber sido víctima de ningún tipo de violencia. Sin embargo, el 77% afirmó haber presenciado algún hecho de agresión contra algún camarada. Estos resultados son preocupantes y evidencian la existencia de un problema que debe ser abordado de manera urgente.
Instructores como autores de violencia
La encuesta también reveló que el 30% de los consultados señaló a los instructores como los autores de los hechos de violencia. Este dato es alarmante, ya que los instructores deberían ser modelos a seguir y promover un ambiente de respeto y seguridad en los centros de formación.
Fallecimientos y casos de violencia
El Defensor del Pueblo destacó que entre 2013 y 2023 se registraron 53 casos de fallecimiento de conscriptos y 362 casos de violencia en los cuarteles. Estas cifras son preocupantes y reflejan la necesidad de tomar medidas para garantizar la integridad y la vida de quienes se encuentran bajo custodia del Estado.
Generar ambientes de prevención
Asimismo, resaltó la importancia de generar ambientes de prevención a través de diferentes acciones. Una de ellas es la eficacia en la investigación de los hechos de violencia, para cerrar las brechas de impunidad y garantizar que los responsables sean sancionados.
Mecanismos de denuncia y capacitaciones
Además, instó a generar mecanismos idóneos y confiables para que los conscriptos y el personal militar puedan presentar denuncias de manera adecuada. También resaltó la importancia de promover capacitaciones e información sobre prevención, de forma específica y no genérica.
Es fundamental que se tomen medidas concretas para erradicar la violencia en los centros de formación policial y militar. La integridad y la vida de los uniformados deben ser protegidas, y es responsabilidad del Estado garantizar un ambiente seguro y respetuoso para aquellos que se preparan para servir y proteger a la sociedad.
