Bolivia Judicial

Legisladores bolivianos alertan sobre baja calidad judicial tras exclusión de Morales en caso Zapata

Evo y García Linera ya no figuran como testigos / Foto: Opinión
Tras la exclusión de Evo Morales del caso Zapata, "arcistas" proponen comisión mixta en la Asamblea Legislativa para investigar.

En medio de la exclusión del expresidente Evo Morales del caso Zapata, se ha planteado la creación de una comisión mixta en la Asamblea Legislativa para investigar este asunto. Los «arcistas» consideran que la justicia está favoreciendo únicamente al exmandatario y buscan una mayor transparencia en el proceso.

Recientemente, se reveló que tanto Morales como el exvicepresidente Álvaro García fueron excluidos de la lista de testigos en este caso. Además, se denunció la pérdida de 72 discos con grabaciones de cámaras de seguridad en la casa de Gabriela Zapata, los cuales contenían información relevante para la investigación.

La necesidad de cambios en la justicia boliviana

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Froilán Mamani, ha expresado su preocupación por la calidad de la justicia en Bolivia y ha solicitado que se actúe de manera transparente, sin proteger a unos pocos. Según él, el caso Zapata es un claro ejemplo de las deficiencias en el sistema judicial y la urgencia de implementar cambios.

Ante las irregularidades presentes en el caso, Mamani no descarta la posibilidad de que las tres bancadas consideren la formación de una comisión mixta en la Asamblea Legislativa para llevar a cabo una investigación imparcial.

Investigación imparcial y consecuencias para los responsables

El diputado «arcista» Rolando Cuellar ha confirmado que ya se ha solicitado la formación de una comisión mixta para investigar el caso Zapata. Según él, los fiscales y jueces a cargo del caso le deben favores al expresidente Morales, lo que ha llevado a la exclusión de Morales y García de la lista de testigos sin tomar medidas en su contra.

Cuellar, como miembro de la Comisión de Justicia, ha asegurado que el fiscal responsable de esta decisión será sometido a procesos penales y disciplinarios. Su objetivo es evitar que los delincuentes sean beneficiados y garantizar que se cumpla el marco normativo en este caso.


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