Miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) solicitaron este viernes, en un escrito administrativo al fiscal general Rodolfo Delgado, que reabra 142 casos de muertes ocurridas al interior de diferentes cárceles del país que fueron archivados por «no constituir delito».
Delgado confirmó, en junio de 2023 durante una entrevista en un canal local, que la Fiscalía General había archivado 142 casos de igual número de personas detenidas en el contexto de la medida de régimen de excepción y que «fiscales investigaron técnicamente cada uno de los hechos» y «ninguno constituyó delito».
Piden investigación urgente y actualización sobre fallecidos en prisiones
Samuel Ramírez, portavoz y coordinador de Movir, señaló al periodista que es urgente investigar estos casos y apuntó que «no pueden quedar impunes», e indicó también la necesidad de que la Fiscalía actualice la información sobre las personas fallecidas dentro de las prisiones.
Deterioro y violación a derechos humanos en cárceles salvadoreñas
Ivania Cruz, miembro del Comité de Familiares de Presos Políticos en El Salvador (Cofappes) y quien acompañó a Movir, señaló que en las cárceles salvadoreñas no se brinda «ni salud ni medicamentos ni alimentación adecuada a los internos», por lo tanto, «aunque sea una muerte natural es provocada por el deterioro y la vulneración de los derechos humanos».
Archivar casos sin consultar a las víctimas
Cruz agregó que «el hecho de archivar los casos fue arbitrario, ya que se debió haber consultado con las víctimas, es decir, con los familiares de las personas fallecidas».
Más de 200 muertes en cárceles bajo custodia estatal
De acuerdo con datos de la organización Socorro Jurídico Humanitario, 224 personas han muerto en diferentes cárceles del país bajo custodia de agentes de seguridad del Estado desde marzo de 2022, cuando se instauró en el país el régimen de excepción.
Miles detenidos y liberaciones condicionales
Según los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones de personas acusadas de ser pandilleros o colaboradores, y más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
Fuente EFE
