Ludger Gruber y Martin Friedek/Latinoamérica21
El jueves 16 de noviembre de 2023, el presidente en funciones del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, fue reelegido con 179 de 350 votos. Además del apoyo del Partido Socialista (PSOE, 121 escaños), contó entre otros con los votos de la plataforma electoral populista de extrema izquierda Sumar y partidos separatistas de Cataluña y el País Vasco.
Ninguna formación de gobierno desde la aprobación de la conciliadora Constitución democrática de 1978, tras el fin de la dictadura franquista, ha polarizado tanto a España como la actual. Las protestas contra la formación de este Gobierno y, sobre todo, contra la amnistía prevista para todos los implicados en la sublevación de 2017 en Cataluña llevan semanas creciendo. Son cientos de miles de ciudadanos indignados de una amplia mayoría social, que se extiende mucho más allá de los simpatizantes de los partidos de la oposición.
Los observadores extranjeros con simpatía por España están perplejos. Los acontecimientos actuales no encajan con la narrativa generalizada. Esta indica que el presidente socialista Sánchez, junto con el partido de extrema izquierda Podemos, supuestamente sacaron bien a España de la crisis del coronavirus durante la última legislatura (2020-2023) en una llamada «coalición de progresistas». Además, alude que consolidó la economía de España y, sobre todo, logró hitos sociopolíticos para más justicia, igualdad y oportunidades.
Antecedentes
Importantes concesiones a los separatistas en la anterior legislatura, como la modificación grupal de la ley penal (supresión de la sedición y minimización de la ley de malversación), fueron elogiadas por Pedro Sánchez como acciones clarividentes para contribuir así, según él, a la «pacificación» del conflicto territorial a través de la «desjudicialización» de un conflicto supuestamente político.
¿Por qué hay tanta gente que se resiste a la promesa de Pedro Sánchez de continuar con las políticas «progresistas» y de evitar que España «recaiga en el pasado restaurador y oscuro de la derecha»?
Una manzana de la discordia más concreta y actual son las concesiones que Sánchez otorgó a los partidos regionales que lo apoyan sin ninguna contrapartida significativa. Los partidos gobernantes PSOE y el partido de extrema izquierda Podemos (que apenas sigue existiendo), sufrieron derrotas devastadoras en las elecciones regionales y locales de mayo de 2023. Mientras, el PP ostenta ahora la jefatura del Gobierno en 12 de las 17 comunidades autónomas. En respuesta, Pedro Sánchez convocó a elecciones parlamentarias anticipadas, donde el PSOE fue capaz de mantener su resultado de las elecciones nacionales anteriores. Por otro lado, todas las demás fuerzas que votaron en el Congreso a favor de Pedro Sánchez han salido de las elecciones como perdedoras, sin excepción. Los partidos separatistas del País Vasco y Cataluña juntos recibieron sólo el 6% de los votos nacionales.
Valoración política
Las cifras explican en gran medida el desconcierto que provoca el hecho de que una minoría tan pequeña esté determinando políticamente o incluso chantajeando a una mayoría dentro de Cataluña, por no hablar de todo el país.
Como Pedro Sánchez ya rechazó categóricamente cualquier cooperación con el PP, depende de cada voto de los partidos centrífugos. El partido Junts per Catalunya con su líder prófugo Carles Puigdemont, cuyos siete escaños ayudaron a Sánchez a lograr un salto decisivo sobre la mayoría absoluta de 176 escaños, es una punta particular de la balanza.
Todos los partidos separatistas, pero Junts per Catalunya en particular, se caracterizaron por insistir en sus máximas exigencias en las negociaciones. Mientras, el partido gobernante, el PSOE, no dio muestras de éxito por su parte en las negociaciones. Entre estos acuerdos «pactos» está la ley de amnistía. El instrumento previsiblemente concederá una amnistía general a todos los implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, investigados por sedición, malversación e incluso terrorismo.
Una amnistía como contribución a una solución política al conflicto territorial habría sido concebible si Sánchez hubiera buscado una amplia mayoría junto al PP y si los separatistas hubieran renunciado a su máxima exigencia de separación de España. Ni ha ocurrido ni ocurrirá. Es más, la ley de amnistía reinterpreta ahora de hecho la democracia española de 1978 como un Estado ilegítimo. Desacredita a sus fuerzas de seguridad y convierte a los rebeldes contra la Constitución democrática en víctimas políticas. El posible nombramiento de comisiones políticas en el Parlamento para revisar el Poder Judicial daña su independencia y lo somete a un mandato político (lawfare).
Polarización irreconciliable
Con sus discursos excluyentes, sobre todo durante la sesión parlamentaria (investidura), Sánchez ha contribuido significativamente a la polarización irreconciliable. Calificó literalmente a todos los que no compartían su concepto de «generosidad», «reconciliación» y «paz social», de «reaccionarios» y «extrema derecha», contra los que hay que levantar un «muro». Esta es otra de las razones por las que personas del centro moderado, como socialistas críticos, liberales y democristianos, que no suelen manifestarse, salen ahora a la calle con banderas españolas y europeas. El hecho de que los principales socialistas deslegitimen estas manifestaciones calificándolas de incitación está exacerbando los ánimos.
Se especula sobre cuánto tiempo puede sobrevivir esta constelación política de gobierno. Hay que decir que no está unida por un proyecto político común positivo para el conjunto de España. Sino sólo por la motivación negativa de impedir a toda costa un gobierno PP-VOX.
Perspectivas para España
Esta coalición de perdedores electorales podría aguantar mucho tiempo. La razón es que la alternativa de nuevas elecciones se traduciría en un mayor debilitamiento de esta, como sugieren las primeras encuestas. Ninguno de los separatistas querrá renunciar a la oportunidad de oro que tienen actualmente, contando con un jefe de Gobierno que depende más que nunca de ellos y que les permite aplicar sus reivindicaciones máximas, mientras la supervivencia del gobernante en el poder dependa completamente de ellos.
La esperanza de los conservadores de que el Tribunal Constitucional pueda detener la ley de amnistía también parece prematura. El Tribunal Constitucional está formado actualmente por una mayoría de partidarios y dependientes de Sánchez. Estos probablemente dictaminarán que la amnistía es constitucional, en contra de la comunis opinio de expertos constitucionalistas publicada en innumerables artículos de opinión.
Está por ver si Europa puede detener este preocupante proceso, como también esperan muchos en el PP. Según el derecho constitucional, el conflicto regional catalán es y sigue siendo un conflicto territorial interno en España. Aunque los separatistas catalanes hayan intentado repetidamente internacionalizar su causa y conseguir apoyo europeo para sus objetivos durante la última década. Ahora el PP quiere llevar los acontecimientos a Europa. Tiene la esperanza de que la UE investigue e intente impedir cualquier violación del Estado de derecho por parte de Sánchez a nivel nacional. De forma similar a Polonia y Hungría.
Como nos ha recordado recientemente Anne Applebaum, no debemos perder de vista que el movimiento separatista en torno a Junts per Catalunya y Puigdemont estaba manifiestamente vinculado al régimen de Putin en Rusia, y que Rusia tiene un interés estratégico esencial en la independencia de Cataluña que daría a Putin una influencia histórica sin precedentes en el sur y el oeste de Europa y en el Mediterráneo.
Tres Españas
Sostenemos que ahora hay tres Españas en lugar de dos. Además de los conflictos históricos del país, Sánchez ha estilizado la disputa actual como un conflicto dicotómico entre «el progreso o la derecha». Una flagrante simplificación populista de la realidad. Incluso la mayoría de los catalanes quieren una convivencia próspera en reconocimiento de su singularidad lingüística y cultural, ya ampliamente reconocida y desarrollada en España.
La paradoja actual en España es que una minoría está actuando contra la voluntad política de una mayoría hasta ahora silenciosa que no está a favor ni de la amnistía ni de la separación de partes del país. Sin embargo, es evidente que esta mayoría ya no está dispuesta a permanecer en silencio. Existe el peligro de que en España también se produzcan acontecimientos al estilo Ziblatt/Levitsky, que debiliten la democracia desde dentro, incluso a través de las elecciones. Los expertos en América Latina ven sorprendentes paralelismos en el enfoque de Pedro Sánchez con los sistemas autoritarios de la izquierda bolivariana. Como en Venezuela, donde las instituciones fueron sucesivamente tomadas por los políticos y donde la democracia fue «reinterpretada».
Independencia
Si, como es de esperar, los separatistas (principalmente Junts, ERC y EH Bildu) continúan con su línea pública de independencia incondicional de Cataluña y el País Vasco con todas sus fuerzas y utilizan el recrudecimiento del debate en su beneficio, el Estado español lo tendría mucho más difícil para frenar el impulso esta vez que en 2017. Esto se debe a que el Gobierno de Sánchez ha suprimido en los últimos años los instrumentos de contención decisivos del Estado de derecho.
El ganador de las elecciones y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había ofrecido a Sánchez seis pactos de Estado PP-PSOE para organizar las reformas que se necesitan urgentemente al margen de extremistas y fundamentalistas. Feijóo llegó a ofrecer la alternancia en el liderazgo del Gobierno entre él y Sánchez para la próxima legislatura. Un acercamiento entre los grandes partidos centristas que probablemente sólo será posible en el periodo después de Sánchez. Esperemos que el país, que en realidad tiene tanto potencial, no sufra demasiado daño, ni interna ni externamente.
*Este texto fue publicado originalmente en Diálogo Político
Dr. Ludger Gruber es representante de la Fundación Konrad Adenauer en España y Portugal. Estudió historia media y moderna, filosofía, derecho público y economía en las universidades de Bonn, Lyon, Madrid y Colonia.
Martin Friedek es investigador, analista político y coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal.
