Minería Panamá

Corte Suprema de Panamá declara inconstitucional contrato minero millonario

El abogado demandante Juan Ramón Sevillano muestra un documento en la Corte suprema de Justicia de Panamá, en Ciudad de Panamá./EFE
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró "inconstitucional" el contrato que renovaba la concesión de la mayor mina de cobre en Centroamérica. Esta decisión marca el fin de una crisis nacional y abre un frente de arbitrajes internacionales.


La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este martes «inconstitucional» el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica. Esta decisión se espera que ponga fin a una crisis nacional y abra un frente de arbitrajes internacionales por parte de la empresa concesionaria, Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).

Unanimidad en la declaración inconstitucional

Por unanimidad, el pleno compuesto por nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato.

Fallo expulsa ley del sistema normativo vigente

«Luego de una deliberación unánime, los magistrados y magistradas del pleno hemos decidido declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Esto significa que dicha ley queda expulsada del sistema normativo vigente en el país», declaró López Arias acompañada por el resto del pleno en una declaración emitida en directo.

Paso siguiente: publicación oficial

López Arias indicó que una vez quede firme la sentencia, se procederá a su publicación en la Gaceta Oficial.

Impacto ambiental y económico de la mina

La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares según la empresa, que exporta principalmente a China y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano, causando daños irreparables al ecosistema según los grupos ambientalistas que han luchado contra este proyecto durante años.

Fallo invalida contrato minero

Con este fallo, el contrato deja de tener validez, tal como habían adelantado la ex fiscal general panameña Ana Matilde Gómez y el experto constitucionalista Ernesto Cedeño. En consecuencia, se espera que el Ejecutivo ordene en un corto plazo el cese de operaciones de la mina, aunque esto no significa su cierre definitivo ya que tomará años llevar a cabo dicho proceso según los expertos.

Presidente acata decisión judicial

El presidente panameño reaccionó al fallo del máximo órgano judicial subrayando que acatará la orden. «Como presidente de la República, siempre respetuoso de la separación de poderes del Estado y nuestra Constitución, recibo y acato la decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia hoy sobre la Ley 406 del contrato minero», afirmó Cortizo en un breve comunicado.

Demandas internacionales por parte de Minera Panamá

Minera Panamá ya ha anunciado su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, según informó el Gobierno panameño el pasado 26 de noviembre. El gobierno aseguró estar listo para defender al Estado.

Fin de la crisis y levantamiento de bloqueos

Se espera que esta decisión ponga fin a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el Gobierno, lo cual ha dejado cuatro muertos, un paro docente que ha afectado a cerca de 800.000 estudiantes en el último mes, y un deterioro económico debido a los bloqueos liderados por grupos indígenas y sindicatos. Estos bloqueos ya han comenzado a levantarse.

Protestas pacíficas con respuesta policial excesiva

El rechazo al contrato minero también generó las mayores protestas pacíficas en décadas en Panamá, lideradas por jóvenes, pero malogradas por infiltrados que causaron disturbios. La respuesta policial fue considerada excesiva según la Defensoría del Pueblo.

Fuente EFE


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