Ernesto Hernández Norzagaray/Latinomérica21
México celebrará elecciones concurrentes el 2 de junio de 2024, y en ellas podrían votar aproximadamente 100 millones de mexicanos registrados en la lista nominal. Hasta el 31 de agosto había registrados 97.727.250 ciudadanos. En esa jornada se elegirá presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, ocho gobernadores y la jefatura de gobierno de la gran Ciudad de México. Asimismo, se renovarán los 32 Congresos locales y la mayoría de los ayuntamientos del país, lo que significa más de 20.000 cargos públicos en disputa electoral.
Actualmente hay dos campañas preelectorales de las ya coordinadoras nacionales: la de la coalición Juntos hacemos historia, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, que llevará como candidata a Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Y la de la coalición Frente Amplio por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que impulsa como su candidata a la senadora Xóchilt Gálvez. Hay, además, seis aspirantes a candidatos presidenciales independientes que deberán conseguir el apoyo del 1% de la lista nominal para poder participar en la contienda por los votos.
Un enemigo
En este proceso, hay un actor beligerante que es el crimen organizado y que todos los días da lo nota en diversos estados de la República con sus asaltos, incendios, extorsiones, secuestros, enfrentamientos, asesinatos y desafíos a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Estas autoridades se muestran incapaces de atajar su violencia, de manera que la escena pública está marcada por desplazamientos forzados, pueblos abandonados y temor ante lo inesperado.
Hay, recordemos, el antecedente de que los cárteles del crimen organizado en las elecciones intermedias de 2021 se metieron en los procesos electorales que se celebraron en los estados causando la muerte de casi un centenar de candidatos, militantes y operadores de todo el arco político, y es probable, que lo que hoy estamos viendo, sea el preámbulo de su intervención en los comicios de 2024.
La actuación de los cárteles está generando una atmósfera cargada de hechos convertidos en imágenes que producen temor en franjas de la sociedad y que se refleja hoy en muchos lugares en un cambio de las rutinas convencionales: prácticamente en esas regiones la vida social se acaba al caer la noche, por no hablar del tránsito por muchas carreteras y caminos del país.
Este escenario lleva a aquello de la teoría política acción racional que pone sobre la mesa los incentivos que tienen los ciudadanos para participar en una convocatoria pública, sea social o política, en condiciones de alto riesgo. La respuesta estaría en la matriz de “qué gano y qué pierdo si participo en ellas” (dilema del prisionero).
El temor, entonces, se convierte en un resorte que puede llevar a que el ciudadano se active para evitar un mayor deterioro de la vida pública y, con ello, pérdida de libertades de primera generación; o también está el ciudadano que decide simplemente no participar para no correr riesgos innecesarios.
Las dos hipótesis, no hay duda, estarán en juego la próxima primavera: habrá quien vea la participación como un deber cívico para defender las libertades, y también los otros, especialmente en aquellas regiones más castigadas por la violencia, en donde probablemente haya dificultades para, como antes, instalar las casillas electorales.
¿A cuál coalición le favorece una situación como la descrita?
Va a depender de las preferencias de cada uno de los cárteles y de las zonas bajo su control. Está demostrado que su intervención en las elecciones está en clave de influir en las decisiones políticas, y en algunos casos conocidos, en el destino de las inversiones públicas donde han encontrado una forma de controlar el gasto de los ayuntamientos.
Los candidatos de la coalición Juntos haremos historia fueron los principales beneficiarios en los comicios de 2021, como lo demuestran sus triunfos apabullantes en los estados costeros, desde el sur chiapaneco hasta la frontera bajacaliforniana, además, del estratégico estado fronterizo de Tamaulipas.
Y, aunque no hay seguridad de que esto vaya a repetirse, la atmósfera de violencia que precede a estas elecciones no favorece el optimismo sobre el freno que podrían imprimir las instituciones de la democracia mexicana, sobre todo si el principal organizador, que es el Instituto Nacional Electoral, está en entredicho cuando militantes de Morena empiezan a copar áreas estratégicas.
México va a unas elecciones altamente competitivas, y las coaliciones futuras han echado a andar estrategias para debilitar al adversario e ir así encuadrando a su electorado. Los sondeos de intención de voto favorecen hasta hoy a Claudia Sheinbaum, pero Xóchilt Gálvez, está a menos de diez puntos de distancia.
Y eso sucede cuando el pasado 7 de septiembre el Consejo General del INE se instaló y oficialmente inició el proceso electoral 2023-24; ahora vendrá la fase de las llamadas precampañas a partir del 5 de noviembre, aunque, habiendo definición de candidatas, prácticamente ya empezaron las campañas por la presidencia de la República con un entorno violento, humeante y sonoro que no augura un ejercicio en condiciones de normalidad democrática.
Ernesto Hernández es Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.
