Presidentes de Senadores y Diputados piden al Fiscal General apartarse del cargo

Presidentes de cámaras piden apartamiento del fiscal en Bolivia

Los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, plantearon este lunes 28 de septiembre que el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, se aparte del ejercicio de sus funciones mientras se esclarecen los señalamientos difundidos desde Estados Unidos. Consideran que esta medida permitiría “garantizar la independencia, transparencia y debido proceso de las investigaciones” que pudieran corresponder.

Contexto de las acusaciones

La posición fue expresada en una conferencia de prensa conjunta, luego de que el Gobierno de Estados Unidos difundiera acusaciones contra Mariaca y anunciara restricciones de visa. Frente a este escenario, los titulares de ambas cámaras remarcaron que los señalamientos no constituyen por sí mismos una sentencia y que corresponde obtener información oficial, verificar los antecedentes y activar los mecanismos institucionales previstos por ley.

Declaraciones sobre la gravedad de los señalamientos

“La gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad. Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, afirmó Ávila.

Solicitud de gestión diplomática

El presidente del Senado explicó que el pedido de apartamiento responde precisamente a la necesidad de que cualquier investigación pueda desarrollarse sin interferencias. “En resguardo de la institucionalidad democrática, la independencia de la justicia y la transparencia de las investigaciones, consideramos que es necesario que mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el fiscal general del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones”, sostuvo.

Independencia en las investigaciones

Ávila añadió que el alejamiento debe permitir que las investigaciones se desarrollen “con plena independencia. Sin interferencias ni privilegios”, garantizando la búsqueda de la verdad material y el respeto al debido proceso. “Bolivia necesita información oficial, cooperación entre Estados y una respuesta institucional transparente”, enfatizó.

Convocatoria a sesión urgente

Como segundo componente de esta respuesta, ambos presidentes solicitaron al ministro de Relaciones Exteriores que, mediante los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el Gobierno de Estados Unidos toda la información oficial, documentación y antecedentes disponibles sobre los señalamientos. La finalidad, explicó Ávila, es que las instituciones bolivianas conozcan directamente el alcance y sustento de las acusaciones detalló el boletín informativo de la Cámara de Senadores.

Solicitud a la Asamblea Legislativa Plurinacional

Asimismo, Ávila y Castro solicitaron por escrito al vicepresidente Edmand Lara, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la convocatoria con carácter de urgencia a una sesión de la ALP para que el tema sea incorporado en el orden del día y se consideren los mecanismos institucionales de investigación y seguimiento que correspondan.

Postura institucional frente a las acusaciones

Castro remarcó que la Asamblea no pretende anticipar responsabilidades. “No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se presenten los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal”, afirmó.

Igualdad ante la ley

El presidente de Diputados sostuvo que la respuesta institucional debe ser igual frente a cualquier persona, independientemente del cargo que ocupe. “No debe existir protección por jerarquía, influencia o cercanía política. Si se comprueban delitos, deben establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley. Si los señalamientos no tienen sustento, corresponde explicarlo ante el país”, señaló.