En una investigación realizada por World Animal Protection, se reveló que en la cárcel de Mocovi, ubicada en Trinidad, capital del departamento del Beni, se utiliza piel de jaguar y otras especies para elaborar objetos que luego son vendidos en mercados y ferias locales. Esta práctica ilegal fue documentada en un video recibido por los investigadores, donde se muestra a un recluso exhibiendo los productos confeccionados dentro de la prisión.
Según Roberto Vieto, uno de los investigadores involucrados, recibieron alertas sobre el tráfico ilegal de partes de jaguar y posteriormente confirmaron la información mediante el rastreo y obtención de pruebas. Además de pieles de jaguar, también se utilizan pieles de anacondas, boas, pecaríes y ñandúes para la fabricación de billeteras, sombreros y cinturones.
El comercio ilegal de estas pieles representa una amenaza para las especies involucradas.
Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el jaguar está catalogado como Casi Amenazado a nivel mundial. Sin embargo, en Bolivia es considerado Vulnerable según el Libro Rojo de la Fauna Silvestre.
Los reclusos adquieren las pieles tanto directamente a cazadores como a través del Mercado Campesino ubicado en Trinidad. Estos objetos hechos con pieles son una forma para los prisioneros obtener sustento económico tanto durante su tiempo en prisión como después de su liberación.
Esta actividad ilícita ha sido documentada desde hace al menos diez años según Ángela Núñez, bióloga especialista en conservación y manejo de vida silvestre. Recientemente, las autoridades enviaron instrucciones a la Policía para tomar medidas y evitar este tipo de actividades dentro de las cárceles.
En Bolivia está prohibida la caza del jaguar y el comercio de sus partes, así como el comercio de otras especies silvestres. El país respalda la decisión de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Actualmente, se inició una investigación en la cárcel de Mocovi por el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal, junto con la Policía Forestal y Protección al Medioambiente (Pofoma), con el objetivo de verificar esta situación ilegal dentro del penal.
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