Los mineros del municipio de Riberalta se declararon en emergencia después de tomar el aeropuerto Selin Zeitun López como forma de protesta contra el Gobierno por vulnerar sus derechos. Esto ocurrió debido a la aprehensión de 57 personas en un operativo policial realizado ayer en el río Madre de Dios, con el objetivo de combatir la extracción ilegal de oro.
El viernes 14 de julio, se llevó a cabo un operativo policial en el río Madre de Dios del municipio de Riberalta, Beni. Este operativo resultó en la quema de 27 dragas y la aprehensión de 57 personas, además del secuestro de armas y materiales tóxicos como mercurio.
En relación a esto, Elizabeth Coronado, presidenta de la cooperativa minera Asobal, denunció que las balsas quemadas durante el operativo tenían todos los papeles en regla. Además, descartó que los miembros detenidos estuvieran involucrados en actividades ilícitas en el río Madre de Dios. Por lo tanto, anunció que la cooperativa minera Asobal se encuentra en estado emergencia.
«El ministro (Eduardo) del Castillo informa que todas las embarcaciones que explotaron eran ilegales; eso es falso. Todas esas embarcaciones tienen documentación. Incluso algunos compañeros fueron con camisetas o papel higiénico para pedir paz, pero igualmente recibieron golpes y terminaron cubiertos de lodo. Explotaron las embarcaciones cerca suyo. Esto fue una puñalada por la espalda. Todo lo que hacemos es legal, tenemos toda la documentación al día. ¿Por qué no hicieron lo mismo con otras cooperativas que explotaban en el río Orthon? Eso era ilegal», denunció la ejecutiva, citada por El Deber.
Por su parte, Santiago Cruz, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), afirmó que la cooperativa minera Asobal sufrió un atentado y también anunció su estado de emergencia.
Además, Óscar Balderas, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la forma violenta en que se aprehendió a las personas durante el operativo en el río Madre de Dios. También declaró que solicitará el traslado inmediato de los detenidos al departamento de Beni, ya que fueron llevados hasta La Paz. Sin embargo, aclaró estar en contra de la extracción ilegal de oro.
«Recurriremos a instancias internacionales porque no confiamos en la Justicia boliviana ni en instituciones como la Defensoría del Pueblo, que defienden ciegamente al Gobierno», agregó el legislador.
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