El proceso de las elecciones judiciales está en espera del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual será emitido el 1 de agosto. La lista de candidatos debe ser enviada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes del 5 de agosto. Sin embargo, diputados y senadores argumentan que no podrán sesionar ni elaborar el listado en tan poco tiempo, ya que pretendían realizar la selección en un plazo de 60 días.
El 27 de abril, el TCP suspendió por segunda vez y de manera provisional el proceso de preselección de candidatos al TSE debido a una presunta inconstitucionalidad en el reglamento y la convocatoria, presentada por la bancada de Creemos.
Estas acusaciones generaron tensiones entre oficialismo y oposición, quienes se culpan mutuamente por obstaculizar el proceso electoral. El diputado del MAS, Hilarión Mamani, instó a las organizaciones sociales y ciudadanos a pronunciarse para exigir una mayor agilización del proceso electoral.
Por otro lado, el diputado Carlos Alarcón señaló que el oficialismo liderado por la presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Patrizia Arce, creó un «show» para acusar a la oposición de entorpecer el proceso electoral. Afirmó que lo único que les interesa es mantener a los magistrados interinos del MAS, como responsables violadores de derechos humanos y encubridores de corrupción.
En respuesta a esta situación, el diputado Renán Cabezas anunció que presentará un proyecto de ley para elegir nuevos magistrados interinos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), acusando al ejecutivo de querer prorrogar en el cargo a los actuales magistrados mediante un pacto oscuro.
A pesar de estas discrepancias, aún existe la posibilidad de que la ALP ajuste los plazos para la selección, aunque el ente ingresará a un receso de dos semanas desde el 17 de julio hasta el 1 de agosto.
La incertidumbre persiste sobre si las elecciones judiciales se realizarán este año y quiénes serán las autoridades judiciales elegidas por los ciudadanos.
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