Durante la primera Cumbre Nacional de Mujeres Autoridades y Lideresas Políticas en Cochabamba, la Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), identificaron un incremento del ocho por ciento en los casos de acoso y violencia política en el país entre 2022 y 2023.
Según el informe presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en colaboración con Acobol, se registraron 600 casos de acoso y violencia política desde el año 2018 hasta junio de 2023. Además, destacó que solo tres de las 500 denuncias presentadas ante el Ministerio Público han tenido sentencia.
Callisaya resaltó la importancia de evaluar la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, señalando que los efectos y resultados de su aplicación aún son débiles.
También hizo mención al uso de recursos como los Compromisos Forzosos de Gestión Compartida (CFGC), establecidos en su informe defensorial titulado «Obligadas a renunciar», como una nueva modalidad de acoso y violencia política.
En respuesta a esta situación, durante la cumbre se suscribieron 152 convenios con gobiernos municipales para fortalecer la capacidad de atención a los casos. Además, se llevaron a cabo talleres en 106 municipios para promover la protección a las víctimas; mientras que en 84 gobiernos municipales se gestionó la implementación y fortalecimiento de equipos de grabación audiovisual.
Estas acciones buscan prevenir el acoso y la violencia política en los municipios, brindando mayor atención a las víctimas y fortaleciendo los mecanismos de registro de evidencias.
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