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CC advierte que el MAS intenta poner la “ley maldita” en mesa de diálogo

El diputado de Comunidad ciudadana (CC), Carlos Alarcón / ARCHIVO LA PATRIA
“Se acordarán de la ley que fracasó hace un año atrás, porque hubo una movilización ciudadana, de diferentes sectores de la economía boliviana que con justa razón protestaron ante esa ley que la llamaban ley maldita”, recordó el diputado Alarcón.

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió a los legisladores de su bancada, que defiendan el sistema democrático debido a que legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), estarían planteando el fortalecimiento de la Ley 218, conocida como la “ley maldita” de lucha contra las ganancias ilícitas, según informó este viernes el diputado, Carlos Alarcón.

En 2021, fue aprobada la Ley 218 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, que desató una ola de protestas en las calles del país.

Fue dada de baja por el Gobierno y calificada como “ley maldita” por gremialistas y comerciantes, que alertaron de los riesgos dado a que apunta a controlar los bienes de las personas, bajo el argumento de que no deben tener orígenes dudosos.

“Se acordarán de la ley que fracasó hace un año atrás, porque hubo una movilización ciudadana, de diferentes sectores de la economía boliviana que con justa razón protestaron ante esa ley que la llamaban ley maldita”, recordó Alarcón.

Informó que, nuevamente el Presidente Luis Arce y el Gobierno intentan revivir dicha normativa, reemplazándola por la Ley 280, que además ya fue convocada para tratarla esta jornada.

“Ha sido convocado para tratarlo en la Comisión de Constitución para el día de hoy, se la trasladará porque se cruzó con la Ley del Oro”, indicó a LA PATRIA.

El legislador de CC señaló que, son cuatro las figuras penales que el oficialismo intenta imponer en el país; la figura del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes.

Según Alarcón, esta normativa criminaliza la protesta social y que si se aprueba, cualquier grupo de personas que expresen sus desacuerdos, como la situación del magisterio, serán juzgados por fiscales.

/NVY


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