La justicia de Bolivia libera a personas involucradas en actos de corrupción como el exdirigente universitario, Max Mendoza, y encarcelan a dirigentes que buscan mejores días para su región como el exlíder cívico, Marco Antonio Pumari, indicó la presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Roxana Graz.
“Gente con muchos actos de corrupción son liberados como (Max) Mendoza, la justicia los protege; pero nuestros líderes cívicos, gente que ha luchado por mejores condiciones de vida para su región, están encarcelados, están amedrentados con chicanerías, como es el caso de (Marco) Pumari”, lamentó.
Marco Pumari fue aprehendido en diciembre de 2021, luego fue imputado y encarcelado por el delito de deterioro y destrucciones de bienes del Estado, daño calificado, allanamiento, robo agravado y obstrucción a los procesos electorales por la quema de Tribunal Departamental Electoral el 2019.
Tras haber cumplido con los cuatro meses de detención preventiva, en abril de 2022, funcionarios del Ministerio Público pidieron ampliar la reclusión por otros tres meses, la misma se cumplió en julio del mismo año, posteriormente se decretó su permanencia en el penal hasta octubre de esa gestión.
Graz contó que en, al menos, cinco oportunidades Pumari solicitó la cesación a la detención preventiva, pero todas fueron rechazadas, según informó ANF.
En la última audiencia, el juez de turno pidió al exdirigente los documentos de Comcipo cuando encabezaba esa institución, pero le recordaron que ellos se llevaron y secuestraron todo.
“Entonces estos sinvergüenzas se agarran de todo y los sinvergüenzas que deberían estar en la cárcel están en la calle, Mendoza que ha hecho un daño económico al Estado, acá (en Potosí) han muerto cuatro estudiantes porque aquí han venido a manipular a los estudiantes, para que sigan votando por los dinosaurios”, dijo.
Max Mendoza Mendoza fue aprehendido e imputado por hechos irregulares como asumir un cargo en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) cobrando salarios de más de 20 mil bolivianos mensuales, sin cumplir requisitos ni tener título profesional, luego fue enviado a la cárcel de San Pedro.
Sin embargo, en enero de este año, el Juzgado Tercero Anticorrupción determinó otorgarle detención domiciliaria con fianza de 40 mil bolivianos.
Desde el 25 de enero se desarrolla una campaña ciudadana para cambiar la administración de la justicia boliviana.
Para lograr ese propósito, se necesitan 1.500.000 firmas de toda la población boliviana.
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