Por el supuesto delito de designación ilegal que realizó el Presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, al actual ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), presentó una denuncia penal en contra del primer mandatario, porque designó a una persona que tiene un pliego acusatorio en la Contraloría General del Estado.
El representante del Conade, Manuel Morales, explicó que se asumió esta determinación, optando por la vía ordinaria, porque ya existiría el antecedente del proceso que iniciaron a la expresidente Jeanine Añez.
“El presidente Luis Arce no podía haber nombrado a Ramiro Villavicencio como ministro de Minería y Metalurgia, debido a que hay un pliego acusatorio, una denuncia en la Contraloría General del Estado, por (presuntos) hechos cometidos cuando era gerente de la Empresa Metalúrgica de Vinto. Su nombramiento ha sido ilegal, no ha sido idóneo. Por lo tanto, Luis Arce tiene que rendir cuentas a la justicia sobre ese tema por el delito de nombramientos ilegales”, manifestó Morales, según refleja ANF.
Según el Conade, desde el nombramiento de Villavicencio como ministro de Minería, se han identificado varias irregularidades, por los que también esta querellado, al realizar el nombramiento de tres ejecutivos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), quienes no cumplían los requisitos que establece la ley.
“La denuncia penal también es contra Ramiro Villavicencio y Heriberto Erik Ariñez Bazán. Estamos solicitando que la Fiscalía abra el caso por delitos penales en el ejercicio de la función pública contra estas personas”, remarcó Morales.
Para el Conade, al enjuiciar a Jeanine Añez, en la vía ordinaria por el caso EBA, por supuestamente haber nombrado ilegalmente a sus autoridades, abrió la figura que un mandatario o exmandatario, pueden ser enjuiciados por esta vía, evitando el juicio de responsabilidades.
De no avanzar la denuncia contra el Presidente Arce en el Ministerio Público, se buscará que la autoridad se someta a un juicio de responsabilidades, como dictamina la Constitución Política del Estado (CPE).
