Tras la quema de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, el perito de Ingeniería Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Alan Aparicio Ortubé, indicó este viernes que de acuerdo al informe pericial sobre los daños causados a la estructura, se determinó que el fuego ocasionó daños en el 90% de la institución y podría colapsar en cualquier momento.
“En la inspección se realizó una evaluación de patologías características, como se pudo observar en las vigas desprendimiento de material de revoque como de material estructural que dejó expuestas las armaduras. Las columnas de concreto también presentan desprendimiento y fisuras. (…) El incendio también causó daños en la estructura de aluminio y vidrio, entre otras que debilitaron la estructura que puede colapsar”, explicó.
Las amenazas potenciales, de acuerdo con el Perito son: Fallas locales, principalmente en las losas de viguetas que pueden ocasionar colapsos en zonas locales.
Asimismo, se observó el desprendimiento o volteo de parte o todo el conjunto de la estructura de aluminio y vidrios, por lo que el perito recomendó su remoción.
Señaló que la principal amenaza es el colapso parcial o total de la estructura por la condición actual de la zona, recomendó también un estudio de amenaza y riesgo, considerando que un colapso lateral podría alcanzar la acera, avenida y calles.
“El grado de afectación de la infraestructura es considerable y visiblemente se puede considerar una afectación entre el 80 y 90%, por lo que la demolición de la estructura debe ser considerada por el severo daño causado por el incendio”, sostuvo el Perito.
DAÑO ECONÓMICO
El director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras, explicó que debido al moderno sistema informático denominado Justicia Libre, el 100% de las piezas procesales están debidamente procesadas y escaneadas en el sistema.
Dijo que instruyó la reposición de todos los cuadernos de investigación que fueron afectados y estaban en investigación.
“Los daños preliminares ascienden a la suma de 37 millones de bolivianos; en bienes muebles, escritorios y otros se cuantificó un millón de bolivianos; por la quema de equipos de computación se aproxima a los dos millones de bolivianos; por los vehículos quemados asciende a cuatro millones de bolivianos y el resto del monto corresponde al costo de la infraestructura”, expuso Almendras.
Advirtió que como Ministerio Público no se permitirá que estos hechos violentos continúen, que van más allá de la protesta.
“El Ministerio Público actuará de manera inmediata y fruto de ello se tienen 22 procesos aperturados en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, existen 33 personas que cumplen detención preventiva, tres personas con medidas sustitutivas y 26 personas sentenciadas”, remarcó.
/NVY
