Este año fue identificado como el más violento de las últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe por las organizaciones de América Latina, debido a los 37 homicidios de periodistas, exilios, encarcelamientos, desaparecidos y medios de comunicación obligados a cerrar. Ante esta situación, se demandó un periodismo libre de violencia.
De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, en el agravamiento de las condiciones para ejercer el periodismo en Latinoamérica, observaron cuatro tendencias preocupantes, como el resurgimiento de regímenes políticos caudillistas; con líderes que aplican una estrategia de convertir al mensajero en el mensaje.
Asimismo, aparentemente acuñan una retórica anti-prensa como herramienta central en sus discursos oficiales, lo cual debilita el debate público, inhibiendo el flujo y la pluralidad de ideas; además de contribuir a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas.
Mencionando como ejemplo la situación de El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, donde varios periodistas enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder ejecutivo.
Desinformación en línea
El ente se pronunció también sobre la desinformación en línea, con estrategias de desinformación que buscan desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo y según su criterio provienen de autoridades que usan las redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea.
Consideraron que esas estrategias impactan el derecho de las personas a recibir información y distorsiona la que le llega a la población; además, de que las autoridades diseminen información falsa o medias verdades que, por ejemplo, en contextos delicados pueden llevar a la ciudadanía a no creer en la legitimidad de determinados procesos democráticos.
Mecanismos de protección
Señaló que pese a significar un avance para la garantía de los derechos de los periodistas, los mecanismos de protección sufren de problemas en su funcionamiento; los cuales no son suficientes para enfrentar los problemas que motivaron su creación, por lo que consideraron que es necesario fortalecerlos en los países en donde existen e implementarlos en aquellos países que aún no cuentan con estos programas.
Además, los Estados deben dotar de recursos materiales y profesionales para que puedan funcionar con eficiencia y estos deben ser acompañados de políticas públicas integrales que contemplen la prevención y la coordinación con otras instancias.
“Paralelamente, debe enfrentarse la impunidad y fortalecer las instituciones de procuración de justicia para avanzar en investigaciones robustas e independientes que enfrenten efectivamente el fenómeno de los crímenes contra la libertad de expresión”, manifestaron.
Vigilancia y espionaje
Según la entidad, las fuerzas de seguridad de los Estados continúan desplegando prácticas de vigilancia de las comunicaciones en contra de los periodistas de manera ilegal, cuestionando también el uso de tecnologías invasivas para violar su privacidad y acceder a sus comunicaciones privadas y a la información que está almacenada en sus dispositivos personales y laborales.
El aparente espionaje pone en riesgo a las fuentes periodísticas, amenaza al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubica a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos.
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