Misael Nallar, el principal sospechoso del asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip), en Porongo, Santa Cruz, deberá permanecer con detención preventiva en el penal de Chonchocoro de la ciudad de La Paz, por determinación de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia.
En la audiencia que se realizó, fue rechazado el recurso de apelación incidental a la detención preventiva que había solicitado la defensa de Nallar para que pueda cumplir con la decisión judicial de 180 días dispuesto el 25 de junio en la cárcel de Palmasola.
El abogado Jorge Tamayo calificó como “incongruente”, que “no condice” con los datos del proceso ni tampoco condice con la norma vigente para decidir que su defendido se mantenga detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro.
“La norma dice claramente el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal, en su segunda parte dice que el lugar de la detención es donde se investiga el hecho, no es la detención en un lugar distinto”, manifestó el jurista.
Según Tamayo, para tramitar el traslado de un privado de libertad de una cárcel a otra, debe existir una resolución de la Dirección de Régimen Penitenciario donde se establezca la solicitud por motivo de seguridad y por precautelar la vida del interno, sin embargo, en el caso de Nallar “no existe” ningún documento que justifique su reclusión en La Paz.
“No existe en la norma, una parte que indique que el pedido de cinco internos o de seis del penal de Palmasola, de nombrarlo persona no grata, hacen viable que sea traslado de un penal a otro”, aseveró.
Además consideró que las personas que están privadas de libertad “no son dueñas de los centros penitenciarios” y que, por el contrario, se encuentran bajo control de la Dirección de Régimen Penitenciario, la que debe determinar el traslado de un interno a otra jurisdicción.
Nallar y otras dos personas se encuentran detenidas preventivamente en diferentes cárceles del eje troncal del país desde el 25 de junio por los hechos ocurridos el 21 de junio en Porongo cuando tres uniformados fueron abatidos a tiros.
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