Abriran una investigación preliminar contra el Presidente peruano, Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, fue la determinación que realizó la Fiscalía de Perú. Será citado el 4 de agosto para que declare en el caso.
El Ministerio Público de ese país informó, en un mensaje a través de Twitter, que la decisión fue tomada por la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, quien dispuso «dejar sin efecto la disposición que suspendía» el inicio de esas diligencias.
La investigación preliminar fue suspendida en enero por la entonces fiscal general, Zoraida Ávalos, bajo el argumento que el jefe de Estado no podía ser investigado mientras ejerza su mandato, una posición que también sostuvo la defensa de Castillo.
Sin embargo, tras la decisión de Benavides, la Fiscalía investigará al gobernante por las presuntas reuniones que tuvo con empresarios señalados como gestores de intereses y por supuestas irregularidades en los ascensos de altos mandos militares.
Según la Fiscalía, la investigación preliminar se realizará por la comisión del presunto delito contra la Administración Pública, tráfico de Influencias en calidad de autor.
Por su parte, Benavides dispuso, además, que se cite a declarar a los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, quienes son investigados actualmente por otro caso de presunta corrupción como también al exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco, quien figura como prófugo de la justicia, y a seis oficiales del Ejército del Perú, que no fueron identificados.
El gobernante peruano también está siendo investigado de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación por las denuncias sobre dirigir una presunta red de corrupción incrustada en el actual Ejecutivo, una acusación que rechazó de manera tajante.
Asimismo, su defensa indicó que todas esas pesquisas deben ser suspendidas, porque considera que el gobernante goza de inmunidad absoluta durante su mandato, el cual debe finalizar el 28 de julio de 2026.
En tanto, miembros de la Fiscalía señalaron que en la presunta red corrupta están involucrados el exministro Juan Silva, el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario, quienes se mantienen prófugos de la Justicia.
A raíz de la investigación de la Fiscalía, la comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe que acusa a Castillo de encabezar esa presunta organización criminal y plantea acusarlo por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
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