El gobierno de Estados Unidos compartió este miércoles las preocupaciones del relator para la independencia judicial de la ONU, Diego García-Sayán, y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación a las observaciones del debido proceso en el juicio a la expresidente de Bolivia Jeanine Añez.
“Compartimos las preocupaciones de @UNIndepJudges y @UNHumanRights respecto al debido proceso en el juicio de la exmandataria interina de Bolivia Jeanine Áñez. Las reformas judiciales recomendadas por la @ONU y #GIEI abordarían la preocupante y persistente politización judicial”, manifestó el sub secretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, de los Estados Unidos, Brian Nichols.
El pasado 17 de junio, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) identificó en un documento seis “observaciones preliminares” en el juicio a la expresidente Áñez y otros ocho acusados, y que tuvieron un «efecto en el debido proceso”.
Por su parte, el relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, en el plenario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, presentó su informe sobre el estado de la justicia en Bolivia, en el que apuntó a la justicia dependiente del poder político, patrones que favorecen a la corrupción e ineficiencia, además de observaciones en el proceso a la exmandataria Áñez.
La posición de Estados Unidos se suma a los pronunciamientos que han expresado por ejemplo la Unión Europea, el ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, la Human Rights Watch, que han mostrado su preocupación tras el informe preliminar de la Oacnudh.
Observaciones la Oacnudh
El tipo penal de incumplimiento de deberes es incompatible con el principio de legalidad, por ser excesivamente amplio y ambiguo.
El uso de la medida cautelar en el país es un desafío estructural, Jeanine Áñez estuvo detenida de manera preventiva cerca de 15 meses.
Los principios de publicidad e inmediación con relación al contacto directo con el juez se vieron afectados, principalmente para la parte acusada. Además, hubo restricciones de acceso a la información.
Cuatro personas fueron declaradas en rebeldía y aunque tuvieron una defensa pública, estos se enfrentaron a diversas dificultades para acceder información relevante.
La determinación del Tribunal para prescindir de los testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales.
La cantidad de partes acusadoras contra la sentenciada incidió en el desequilibrio procesal.
