El Ministerio de Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido expresó este martes su preocupación a través de un comunicado, y se adhirió a las observaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia y el Relator de la ONU, Diego García Sayán, por la forma en que se desarrolló el juicio ordinario contra la exmandataria Jeanine Añez, en el denominado caso “golpe de Estado II».
“Compartimos las preocupaciones procedimentales señaladas por la Oacnudh respecto a la forma en que se condujo este juicio. También compartimos las preocupaciones del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, sobre la posible intervención política en el proceso judicial”, está escrito en el comunicado.
El pronunciamiento surgió después de la presentación del informe del relator especial para la independencia judicial de las Naciones Unidas, Diego García Sayán en Ginebra que cuestionó la justicia de Bolivia ante la comunidad internacional.
En el comunicado indicó que conocieron el veredicto de un tribunal boliviano respecto a la expresidente y otros acusados, con una condena a diez años de prisión, de la emisión de la sentencia completa y de la declaración de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia.
Por otro lado, desde esa instancia exhortaron a las autoridades del país a trabajar en una amplia reforma de buena fe y sustancial al sistema judicial, ante los constantes cuestionamientos a la justicia boliviana.
“Acogemos el continuo compromiso de la Oacnudh con la agenda de derechos humanos en Bolivia, al igual que su declaración sobre la necesidad de una amplia reforma del sistema de justicia en Bolivia. Alentamos al gobierno boliviano a encarar de buena fe una reforma judicial sustancial”, resaltó la nota.
La semana reciente, la Oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (Oacnudh-Bolivia) realizó seis observaciones al proceso penal contra la exmandataria y advirtió que el tipo penal de incumplimiento de deberes, uno de los delitos por los que fue sentenciada, es “incompatible con el principio de legalidad”.
A la vez, afirmó que el “formato virtual e híbrido de las audiencias” tuvo un impacto en los principios de publicidad y cercanía, con relación al acceso del público en general, de los medios de comunicación, del juez con todas las actuaciones y los sujetos del proceso.
Además observó la participación de varias partes acusadoras como ser la Fiscalía, Procuraduría, Ministerio de Gobierno y el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quienes afectaron el “equilibrio procesal” en la posibilidad de presentación de pruebas.
Finalmente,en los últimos días, el informe fue respaldado por la Unión Europea, que a través de un comunicado se sumó a la observaciones respecto a que los procedimientos no respetaron plenamente el derecho al debido proceso en el juicio contra la exautoridad.
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