La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, volvió a acusar este miércoles al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de obstaculizar su trabajo, también comparó a la autoridad del Ministerio Público con el gobierno de Jeanine Añez. Anunció que lo demandará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Yo le he dicho de frente que usted obstaculiza mi trabajo, que usted se niega a responder en cuanto a los requerimientos de la Defensoría del Pueblo en muchos casos aduciendo reserva”, manifestó.
Comparó la actitud de la Fiscalía con la del Gobierno de Añez, por desconocer su puesto, pues en 2020, también desconoció el mandato de Cruz y dejó de responder a sus requerimientos.
“Yo le digo al Fiscal General: mi mandato no ha terminado Fiscal. Yo no me estoy escudando en las víctimas ni uso las víctimas y tampoco las dejo solas. Yo voy a seguir trabajando por el pueblo boliviano y le voy a seguir recordando pública y oficialmente las obligaciones que usted debe cumplir”, aseveró.
Recalcó que denunciará al Fiscal General ante la CIDH, afirmando que desde 2019 reportó que el Ministerio Público presuntamente obstaculiza las labores de la Defensoría del Pueblo.
“Lo voy a demandar Fiscal General. Yo no le tengo miedo”, añadió.
Por otro lado, cuestionó que la Fiscalía se rehúsa a dar información sobre casos como el de Marco Aramayo, quien falleció mientras cumplía detención preventiva o como el fallecimiento del joven Basilio Titi en Potosí, reportó la red Erbol.
Informe del IDIF
La polémica surgió luego de que la Defensoría emitió un informe en que observa deficiencias y carencias en el trabajo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Por su parte, la enlace del IDIF, Grace Mercado, sostuvo que Cruz mintió en su informe, resaltando que concluyó su mandato y que ya no funge como Defensora.
Al respecto, Cruz señaló que Lanchipa “no quiere dar la cara en este caso”, por lo que instó a la responsable del IDIF a pronunciarse.
Reveló que cuando la Defensoría hace consultas al IDIF, la entidad evade responder, indicando que su conducto regular es mediante el fiscal general.
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