La Fiscalía Especializada Anticorrupción de La Paz informó en horas precedentes que investiga a la familia del empresario Samuel Doria Medina por la presunta comisión del delito de defraudación tributaria.
Sobre ese caso, el empresario y político decidió acogerse a su derecho a guardar silencio tras ser convocado a declarar por la Fiscalía, informó el fiscal departamental de La Paz Williams Alave.
“Las fiscales están convocando a la familia Doria Medina y entendemos que ya han declarado y muchos se han acogido al silencio. La investigación es más sobre defraudación tributaria (…) (Samuel) Doria Medina se acogió al derecho al silencio”, afirmó Alave.
En ese caso se investiga a toda la familia del empresario porque, presuntamente, “no pagaron lo correcto” en el marco a las transacciones que realizaron.
Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, asistió a la convocatoria de la Fiscalía vía zoom porque se encuentra en Estados Unidos.
Este caso denominado Akapana fue abierto el 2017, tras un informe de la comisión especial mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investigó una presunta evasión de impuestos de esta familia.
El empresario y su familia en el 2005 mediante la empresa “offshore” Akapana SA. vendieron acciones de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Se presume que esa venta fue a precios reducidos; sin embargo, se habría negociado la venta de las acciones con Chihuahua con el precio real.
En noviembre de 2016, el exvicepresidente Álvaro García Linera denunció que el empresario y su familia crearon en 2005 una empresa en Panamá denominada Akapana, que el 21 de septiembre del mismo año compró en Bolivia el 46,5% de las acciones de Soboce en un precio de Bs 270 millones, de los que reportó una ganancia de Bs 80 millones, por la que pagó los impuestos de ley.
Un día después, el 22 de septiembre, Akapana vendió las acciones a Chihuahua en Bs 524 millones, con una ganancia de Bs 297 millones, por lo que evadió en Bolivia, a decir del Gobierno de entonces, impuestos correspondientes a un monto de Bs 217 millones.
En réplica, Doria Medina calificó en ese entonces las acusaciones de “políticas” y “absurdas” en razón de que el precio de la venta se cifró sobre la base del “valor de libros, el valor que había en ese momento”. Aseguró, además, que la transacción fue legal y recordó que el tema prescribió, según las leyes tributarias.
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