Ante la postura del Gobierno nacional de no negociar la extradición del exministro Arturo Murillo, los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición expresaron su respaldo a esta decisión.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sandro Ramírez, respaldó la posición que expresó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien manifestó que no hay canjes ni negociaciones con “delincuentes que han masacrado a nuestro pueblo”.
Respecto al tema, Ramírez explicó que el Gobierno no podría negociar o aceptar la propuesta de Arturo Murillo, pues es un tema que le corresponde analizar a la justicia.
“El pueblo votó por el MAS en 2020 para que se haga justicia y no se den más episodios como lo ocurrido en 2019, que se vulneró la democracia”, manifestó.
En días anteriores el exministro ofreció su extradición voluntaria desde Estados Unidos, donde permanece en detención preventiva por el presunto lavado de dinero resultado de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.
A cambio de su regreso al país Murillo pidió que la expresidente, Jeanine Añez, goce de detención domiciliaria; a su pedido también añadió que el Gobierno nacional entregue a Maximiliano Dávila.
En ese contexto, la diputada Zulay Mamani cuestionó el ofrecimiento de Murillo, y lo calificó como desesperado; al mismo tiempo, manifestó que la exautoridad debe rendir cuentas ante la justicia estadounidense, y dejar de buscar de beneficiarse, según informaron medios nacionales.
“No necesitamos ese tipo de ofrecimientos. Él está detenido allá, y cuando cumpla su condena deberá volver a Bolivia para purgar sus delitos”, expresó Mamani.
La diputada de Creemos, María René Álvarez, coincidió con la postura de la Ministra de la Presidencia en el sentido de que las negociaciones no tienen lugar; también manifestó que ese tipo de figura no existe en el Derecho Internacional, por lo cual no tendría que haber ningún intercambio.
Álvarez también aseguró que muchas de las acciones de Arturo Murillo ya demostraron como realmente es, por lo que descartó en su totalidad la posibilidad de aceptar su ofrecimiento.
El Gobierno boliviano inició los procesos correspondientes contra los acusados de supuestas violaciones a los Derechos Humanos, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos ilegales y persecución política, entre otros delitos.
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