Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el cual se celebró la jornada precedente, El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela exigió el cese de ataques y la persecución judicial que ejerce el Estado venezolano en su contra.
El secretario general del CNP en Caracas, Edgar Cárdenas, indicó que el gremio periodístico venezolano exige la liberación del periodista Roland Carreño, quien fue detenido en octubre de 2020 y acusado de financiar la “fuga” del líder opositor Leopoldo López a España.
Cárdenas también exigió el cese de la judicialización contra 11 periodistas venezolanos que, pese a que no están tras las rejas, tienen procesos vigentes en tribunales acusados de supuesta incitación al odio y promoción de disturbios.
Mediante un comunicado de prensa, el CNP exigió el respeto al trabajo de los comunicadores, y también declararon que el panorama noticioso venezolano se oscureció debido al silenciamiento sistemático de las voces opositoras, por medio de la censura directa, la autocensura o por acción perniciosa de los cambios de línea editorial.
De acuerdo a la institución, en lo que va de 2022 se documentaron 68 “ataques a la prensa”, de los cuales 21 fueron impedimentos de cobertura, 11 bloqueos de medios digitales, 11 campañas de descrédito y criminalización, ocho incidentes de intimidación, siete de hostigamiento, tres borrados de material gráfico y tres cierres de emisoras de radio, según informó el portal web de Infobae.
Desde la organización Ve Sin Filtro, se denunció que existe una política de censura contra medios de comunicación y otro tipo de plataformas que difunden información, por lo que exigieron al Estado venezolano garantizar el derecho de acceso libre a Internet.
La ONG Espacio Público indicó en días precedentes que las violaciones a la libertad de expresión redujeron un 37 por ciento en 2021 con relación al 2020; sin embargo, eso no significa una mejora estructural de la situación que viven los trabajadores de la prensa en Venezuela.
Según la organización, el 34 por ciento de los casos estuvieron relacionados a la intimidación, que es el impedimento de la cobertura periodística y el registro de hechos de interés público, a periodistas y ciudadanos que quieren cubrir algún hecho irregular.
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