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En su primer año de gestión, ALDO sancionó 14 leyes, la mayoría de carácter administrativo

Ayer dieron a conocer sus informes del primer año de trabajo / LA PATRIA
El próximo martes 3 de mayo se cumple el primer año de mandato de las autoridades subnacionales en el país: gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales.

En su primer año de mandato la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO) aprobó 14 leyes, de las cuales solamente seis, fueron elaboradas por las autoridades legislativas, la mayoría se originó en el ente ejecutivo.

Ayer se desarrolló la penúltima sesión de la legislatura 2021-2022 de la ALDO, en la que la directiva y las ocho comisiones dieron sus informes de los 12 meses de trabajo.

“En toda la gestión legislativa se pudo tratar 14 leyes que se sancionaron en el pleno”, apuntó el presidente de la ALDO, Edwin Fuentes.

La autoridad además indicó que de las 14 normas, solamente seis fueron iniciativa de los asambleístas, la mayor parte se generó en despacho del gobernador Johnny Vedia, de las secretarías departamentales, e inclusive en la ciudadanía.

El próximo martes 3 de mayo se cumple el primer año de mandato de las autoridades subnacionales en el país: gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales.

LEYES

En su mayoría, las leyes departamentales aprobadas, promulgadas y publicadas en la gaceta, refieren a trámites meramente administrativos, desde la aprobación de fideicomisos, modificación de la estructura organizacional de la Gobernación, aprobación de presupuestos, entre otros.

Existe una ley que declara patrimonio cultural al “Achachi Anata” danza típica de la comunidad de Chuquiña.

Y también figuran tres leyes de desastre departamental, una por heladas, otra por sequía en el lago Poopó, y otra reciente por inundaciones.

FISCALIZACIÓN

Según el informe de las comisiones en esta primera gestión se enfatizó en la fiscalización del sistema de salud, y la construcción de obras que estaban paralizadas.

ESTATUTO

En lo que refiere al Estatuto Autonómico, gestionaron la socialización por parte del Viceministerio de Autonomías, y el Tribunal Constitucional Plurinacional.


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