El acoso y la estigmatización fueron las formas de ataque más frecuentes a periodistas y líderes de opinión que realizaron la difusión de noticias y comentarios a través de las redes sociales, y la legislación boliviana no contempla sanciones para estos casos.
Según una encuesta realizada entre periodistas y analistas por la Unidad de Monitoreo de la ANP con apoyo de Derechos Digitales, la práctica del acoso y la estigmatización ha sido frecuente entre los años 2006 y 2019, y en todos los casos las agresiones surgieron desde cuentas que no identifican a los responsables.
La asesora legal de la ANP, Mabel Antezana, explicó que la norma vigente sólo sanciona el acoso sexual y el acoso laboral, y por tanto propuso una adecuación del artículo 296 del Código Penal relacionado a los delitos contra la libertad de prensa.
La modificación podría incluir los términos de acoso y/o estigmatización al texto del artículo referido que prevé sanciones con reclusión de seis meses a tres años, y multa de treinta a doscientos días, al que impida la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión.
Entre los periodistas consultados se encuentra el director del programa de radio “Encontrados”, Gonzalo Rivera, denunció las campañas de acoso y descrédito en las redes como efecto de sus comentarios sobre la aplicación de políticas gubernamentales.
“Sufrí ataques en casa y amenazas constantes, insultos y pedidos para que me vaya”, describió el periodista que sintió el peso de los ataques extendidos a su familia.
“He recibido muchas amenazas en Redes Sociales por los contenidos de mis columnas que se publican en periódicos de circulación nacional. En la mayoría de los casos se trata de amenazas anónimas de iniciarme procesos judiciales por el contenido de mis opiniones”, describió el periodista especializado en análisis político y económico, Humberto Vacaflor”.
El trabajo de periodistas y líderes de opinión en el periodo señalado, fue afectado por un discurso gubernamental contrario al trabajo de los medios independientes que fueron excluidos de la publicidad estatal, sufrieron persecución tributaria y obligados a difundir avisos de interés social de manera gratuita.
