“Abusos y arbitrariedades”, fue parte de las observaciones que hicieron desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, luego de publicar el informe sobre Derechos Humanos de 2021.
Asimismo, identificaron “graves” irregularidades en el juicio contra Jeanine Añez e “injerencia del más alto nivel” del Gobierno de Luis Arce, con el objetivo de condenar con pena de cárcel a la expresidente.
El país del Norte observó el veto a un juicio de responsabilidades como corresponde a una exmandataria y las órdenes de arresto emitidas contra opositores sin evidencia para respaldar los cargos.
En su informe, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, citó también las denuncias de la hija de Añez, Carolina Ribera, quien aseguró que la Policía Boliviana torturó a familiares de su madre, asfixiándolos con bolsas en la cabeza, para que declaren dónde estaba la exautoridad, según reporte del portal Urgente.bo.
Otro indicador de la injerencia de Gobierno es la presencia inusual del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y del jefe de la Policía, Jhonny Aguilera, en Trinidad, para supervisar el arresto de Añez, el 13 de marzo de 2021. A esto se suma la presión contra los jueces, totalmente carentes de independencia.
El informe estadounidense cita a los grupos de derechos humanos que expresaron su preocupación de que los arrestos de Añez y miembros de su administración tuvieran motivaciones políticas.
El director ejecutivo para la región de las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco señaló que la orden de arresto contra la expresidente “no contiene ninguna prueba de que haya cometido el delito de terrorismo”.
Según refiere el informe del Departamento de Estado, el 3 de agosto de 2021, un juez ordenó seis meses adicionales de prisión preventiva contra Añez por los cargos de “comisión de delitos contrarios a la constitución”, que fueron presentados por el Ministerio de Gobierno y por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y están relacionados con la asunción de la Presidencia de Añez en 2019.
Los seis meses adicionales de prisión preventiva se añadieron a los seis meses originales de prisión preventiva, ordenada el 14 de marzo, y cubrieron cargos nuevos y separados de terrorismo, sedición y conspiración para derrocar al Gobierno.
Por tal motivo, el abogado de Añez, Andrés Zabaleta, afirmó que se violaron los derechos al debido proceso, porque ni ella ni su equipo legal fueron notificados oficialmente de estos nuevos cargos. Zabaleta también alegó que se violó el principio de “indivisibilidad” (similar a la doble incriminación) del proceso al instaurarse un segundo juicio por el mismo caso en cuestión, según el informe de EE.UU.
El 21 de agosto, Añez se cortó deliberadamente la muñeca izquierda y uno de los brazos en un intento de suicidio mientras estaba en prisión. La llevaron a un hospital para recibir tratamiento, debido a la gravedad de sus heridas y permitieron que su hijo se quedara con ella durante la noche.
Después del incidente, Añez declaró que “ya no quería vivir”. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó sus heridas como “simples raspaduras” y alegó que el trato preferencial del Gobierno hacia la expresidente provocó disturbios entre los reclusos.
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