Se imputó este jueves a la exalcaldesa de Santa Cruz de la cierra, Angélica Sosa y a otras ocho personas más por la implementación del sistema del Bus de Transporte Rápido (BTR) en la ciudad, informó la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía departamental.
La denuncia por este caso fue presentada por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Anyelo Céspedes, el 5 de mayo del 2021, luego de que Sosa se presentó ante la Cámara de Diputados a brindar un informe oral sobre el presupuesto y la ejecución del BTR.
Según el cuadernillo de investigación de la Fiscalía, al que accedió el diario El Deber, en la demanda Céspedes detalla que el presupuesto destinado para la primera fase del sistema de transporte rápido fue de 156.185.365 bolivianos de los cuales se destinó para obras y equipamiento 151.302.959 bolivianos y para los servicios de supervisión externa 4.882.406 bolivianos.
Sin embargo el diputado observa “que hasta la fecha no se pudo concluir dejando la obra inconclusa y en total incertidumbre y perjuicio para la población cruceña”.
A esta denuncia se adhirió el actual alcalde Jhonny Fernández el 18 de mayo del 2021. En el documento acusa a Angélica sosa por el supuesto delito de incumplimiento de deberes. Sin embargo, el 1 de junio de ese año, Céspedes amplió la demanda contra otras ocho personas, entre ellas exfuncionarios municipales.
Los otros acusados son: La exdirectora de Transporte y vialidad, Lucy Mariel López Quiroga, el exjefe del departamento de Transporte Público Gestión de Trámites y Autorizacione, Rubén Darío Rivero Gallardo, el exjefe Administrativo Semurb, Emilse Sengler Fernández, el exjefe de Estadísticas Zafes y Planificación del Transporte Público Urbano, Jorge Humberto Ortiz Bruno.
Asimismo, el exsecretario Municipal de Movilidad Urbana, Rolando Pedro Rivera Correa, el Profesional “A” Abogado, Nancy Roca Martínez, el Profesional “A” Abogado, Jorge Luis Égüez Rivero y Percy Rojas Limón.
La comisión de fiscales compuesta por Alexander Mendoza y Rose María Barrientos imputó a los nueve sindicados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, uso indebido de información privilegiada y contratos lesivos al Estado.
En la imputación presentada al Juzgado Segundo de Anticorrupción el Ministerio pide la detención preventiva en la cárcel de Palmasola por 180 días para todos los implicados en este proceso.
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